Jueves 16.08.2018

DESPIDO IMPROCEDENTE

El PP señala que el despido improcedente del arquitecto contratado para las obras del casco histórico costará a las arcas municipales 26.000 euros por causas imputables al equipo de gobierno

Según los populares el TSJA ha ratificado la sentencia favorable al trabajador obtenida en primera instancia y condena al ayuntamiento a pagar 24.000 euros de indemnización y unos 2.000 euros de costas judiciales 

Paco Huertas y Julián Ranchal
Paco Huertas y Julián Ranchal
El PP señala que el despido improcedente del arquitecto contratado para las obras del casco histórico costará a las arcas municipales 26.000 euros por causas imputables al equipo de gobierno

La decisión del equipo de gobierno municipal de despedir al arquitecto contratado en su día para la supervisión y dirección de las obras del casco histórico –tras amortizar su plaza y haber devenido su contrato en indefinido por decreto de alcaldía, al constatarse que dicho empleado había realizado tareas para las que no había sido contratado– tendrá finalmente un coste de unos 26.000 euros para las arcas municipales, según ha explicado hoy el grupo municipal del PP, una vez hecha pública la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ratifica la emitida en primera instancia por el Juzgado de los Social de Córdoba.

Paco Huertas y Julián Ranchal han explicado que de esa cantidad, 24.000 euros corresponderían a la indemnización al trabajador –al considerarse su despido improcedente– y otros 2.000 euros a las costas judiciales, a cuyo pago se condena también al Ayuntamiento.

Los populares han señalado que la Justicia da nuevamente la razón a sus tesis, y recordaron que, en su día, ya expusieron que este despido supondría un coste cercano a los 20.000 euros a las arcas municipales y pidieron la dimisión de Miguel Villa y José Cantizani –ediles de IUCA y PSOE bajo cuyos mandatos en Urbanismo y Personal respectivamente se atribuyeron a este empleado labores no contempladas en su contrato– frente a la postura de la concejala de Personal, Teresa Alonso, que mantuvo en todo momento que el coste del despido sería de 10.414 euros y acusó a los populares de mentir en sus cálculos.

Hoy, Julián Ranchal indicaba que "la primera sentencia era clara y transparente al entender que se trataba de un despido improcedente", al no estar suficientemente motivada como causa del despido la concurrencia de razones organizativas o de un descenso del volumen de trabajo, argumentadas por el actual concejal de Urbanismo, José Cantizani. "Pero el equipo de gobierno recurrió ante el TSJA y ahora hay sentencia" –aseveraba esta mañana Ranchal–, indicando que "como cabía esperar, confirma la inicial y declara el despido improcedente", por lo que considera que "quedó claro en primera instancia y queda claro ahora que este grupo estaba en lo cierto, que quien mintió fue la delegada de Personal y que lo hizo a sabiendas, por acción u omisión".

Según el PP "la falta de diligencia costará al ayuntamiento 26.000 euros y el responsable de esto es el señor alcalde, que dictó los decretos ordenando a este señor trabajos que no constaban en su contrato, pese a manifestar a la prensa que no lo había hecho, por lo que también mintió". Señaló Ranchal que "estos errores los comete el equipo de gobierno pero los costeamos todos los lucentinos" 

Según el PP la cosa podría ser aún peor, toda vez que el mismo extrabajador municipal mantiene una segunda reclamación contra el ayuntamiento por diferencias salariales, al entender que, al hacerlo indefinido, debería haber percibido el mismo salario que el resto de funcionarios de su grupo profesional. En este caso reclama 25 euros por día trabajado, que multiplicado por los cinco años que fue empleado municipal y sumado el interés legal del 10%, podrían suponer entre 40.000 a 50.000 euros más de costes para las arcas municipales "por una mala actuación del equipo de gobierno".