La sección sexta de la Audiencia Provincial de La Coruña, con sede en Santiago de Compostela, celebró ayer vista oral por la denuncia formulada contra un funcionario que en el momento de los hechos –entre 2011 y 2013– trabajaba en la Delegación de Hacienda de Lucena, y al que se acusaba de dos delitos contra la intimidad –por los que el ministerio fiscal solicitaba un total de seis años de prisión– y otro contra la integridad moral, por el que se reclamaba una pena adicional de dos años.
Según el relato del fiscal, que han venido publicando en los últimos días numerosos medios de comunicación nacionales, una supuesta infidelidad habría sido el origen de una serie de acontecimientos que convirtieron en un calvario la vida de un matrimonio compostelano. El fiscal aseguró durante el juicio que el acusado habría aprovechado su cargo en la Administración para hacerse con los datos personales del hombre con el que supuestamente le fue infiel su mujer y de la esposa de este último. Su objetivo era vengarse y estuvo durante dos años enviándoles mensajes y cartas, así como llamándoles por teléfono con la intención, según el ministerio público, de despreciarles y humillarles.
El fiscal asegura que el trabajador de la Agencia Tributaria de Lucena abusó de las funciones propias de su cargo, así como de sus conocimientos informáticos y de que podía acceder a los datos personales de los contribuyentes. De este modo, el 25 de julio del 2011 obtuvo los datos del matrimonio, que reside en Santiago. Combinó esta información con la que figura en la Policía Nacional y logró así comunicar con ambos.
Llegó, siempre según la acusación, a acceder a la cuenta de correo electrónico del hombre con el que supuestamente le había sido infiel su esposa, accedió a sus conversaciones y cambió sus contraseñas, mientras que a su mujer le envió mensajes telefónicos y cartas anónimas hasta julio de 2013, pese a que ella le hizo saber lo humillante que le resultaba la situación. Superados por la situación, en 2013 el matrimonio presentó denuncia contra el acosador en un juzgado de Santiago y un año después la Fiscalía presentó acusación contra el funcionario, por lo que la Agencia Tributaria le abrió un expediente disciplinario a la espera del resultado del juicio. Aquellos hechos provocaron en la mujer acosada un síndrome ansioso-depresivo que tardó 180 días en curar y que le dejó como secuela estrés postraumático en grado moderado.
Finalmente el juicio se cerró con un acuerdo por el que el acusado –que durante la vista negó con la cabeza la enumeración de delitos reconocidos con posterioridad– aceptó indemnizar con cerca de 19.000 euros al matrimonio compostelano, evitando así entrar en prisión, tras ver la pena requerida por la Fiscalía reducida a un año y nueve meses de prisión, que no cumplirá al no tener antecedentes penales. Además, ha sido condenado a tres años de inhabilitación laboral y a no acercarse a una distancia de menos de mil metros de la víctima por un periodo de seis años.
