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El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Córdoba, ha declarado nula de pleno derecho la resolución dictada el 18 de diciembre de 2009 por el entonces presidente de la Gerencia de Urbanismo, Francisco Algar, por la que se consideraba a los propietarios de las industrias afectadas por los desprendimiento del talud norte del parque empresarial Príncipe Felipe como responsables solidarios de las obras de restauración del mismo, inicialmente valoradas en 357.000 euros, conjuntamente con los redactores de los proyectos de sus naves y la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
La sentencia responde al recurso contencioso-administrativo interpuesto por una de las empresas afectadas contra dicha resolución, recurso que ha sido defendido en los tribunales por el letrado lucentino Juan Carlos Beato y al mismo podrían seguirle otros en similares términos, dado que al menos otras dos empresas presentaron recursos en parecidos términos.
La sentencia indica que "no existe norma que justifique que la administración imponga a la recurrente la realización de determinadas obras para garantizar la estabilidad de bienes que son de dominio público, ni siquiera desde la perspectiva de entender que es también responsable de los desprendimientos acaecidos, por lo que procede estimar el recurso interpuesto, sin necesidad de examinar el resto de motivos de impugnación invocados".
El juez acepta en los fundamentos de derecho de la sentencia las apreciaciones de la empresa demandante en el sentido de que "se ha considerado causantes de los desprendimientos, sin serlo, a los propietarios de las parcelas" y asegura que "no es de aplicación el art. 1591 del Código Civil, que esgrime la Administración para imputarle responsabilidad", toda vez que no hubo relación contractual alguna entre los propietarios y la Gerencia en la realización de las obras de urbanización. Además, añade que la resolución recurrida sería nula "por contradecir otra anterior firme, en la que la Gerencia requería a EPSA la realización de las obras de estabilización necesarias".
En el juicio, el ayuntamiento mantuvo la legalidad de la resolución recurrida, argumentando que "no se ha podido determinar en que medida contribuyó cada uno de los propietarios de las parcelas y la propia entidad urbanizadora, EPSA, en la producción del deslizamiento, por lo que se ha de imponer a todos, solidariamente, la obligación de reparar, teniendo en cuenta que considera probado que cada uno de ellos ha tenido cierta intervención causal.
Por parte, de la empresa demandante, el abogado Juan Carlos Beato, ha señalado a LucenaHoy su intención de su patrocinado de solicitar a la Gerencia de Urbanismo daños y perjuicios por la actuación de la Gerencia, tanto por los cuatiosos daños materiales producidos en la nave industrial por los desprendimientos, que provocaron el derrumbe de todo el muro trasero de la misma, como también por el periodo de tiempo transcurrido desde que la Gerencia dictó orden de desalojo de la nave, en marzo de 2009, periodo en el que el propietario no ha podido hacer uso de la misma.
Si esta sentencia adquiere firmeza, el Ayuntamiento sólo podría recurrir ya contra EPSA y los técnicos que redactaron el proyecto de urbanización del parque empresarial Príncipe Felipe, para recuperar los más de 1,5 millones de euros que ha destinado subsidiariamente a las obras de estabilización de este talud para evitar que los desprendimientos fuesen a más.
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