El equipo de gobierno logró ayer el apoyo del PP para que el proyecto privado para la construcción de la nueva sede judicial y la urbanización de los terrenos municipales en la antigua Huerta del Carmen –con un bar-restaurante, un aparcamiento subterráneo, zonas verdes y otros elementos arquitectónicos de ocio y esparcimiento– no quede definitivamente denostado.
Tras la carta remitida por la Dirección General de Infraestructuras y Sistemas de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía al Ayuntamiento, calificando comoa "insuficiente" la extensión de 1.800 metros cuadrados que el proyecto asignaba a los juzgados e indicando que la Consejería solo estaría en condiciones de pagar anualmente el gasto de arrendamiento de la actual sede judicial de la calle San Pedro (222.320 euros/año, IVA incluido), el alcalde dio a conocer una primera proposición en la que planteaba al Pleno "desistir inicialmente" de la posibilidad de la ejecución del proyecto formulado por el arquitecto José Mª González Prieto e instaba a la Consejería de Justicia a impulsar su propio proyecto ofreciéndole la posibilidad de concesionar el subsuelo de los terrenos colindantes para su explotación como parking y construcción de zona ajardinada en superficie.
Ayer el PSOE sustituyó esta moción por otra en la que mantenía su interés en el proyecto privado auspiciado por este arquitecto lucentino. Según Juan Pérez, con el único propósito de "mantener abierta esa puerta" como alternativa a la construcción del nuevo Palacio de Justicia por parte de la Junta, sin menoscabo de exigir a esta última que cumpla con su compromiso con el partido judicial de Lucena haciendo posible esta nueva infraestructura. Por su parte, Paco Huertas, por el PP, mostró su apoyo a la propuesta privada "siempre que el ayuntamiento no esté sujeto a ningún riesgo y la Junta garantice los pagos a los promotores".
Solo el PP entendió el cambio de postura del grupo socialista. Vicente Dalda, por Andalucía entre tod@s Lucena indicó que "el único tema en el este ayuntamiento tiene que mostrar su interés es en que la Junta de Andalucía cumpla con su obligación y haga la nueva sede judicial". Por su parte, Miguel Villa, en nombre de IU, acusó al PSOE de facilitar con el apoyo a este proyecto privado que la Junta "se quite de encima su responsabilidad y la traslade al ayuntamiento" y lamentó que el promotor pueda estar obteniendo algún beneficio ante otros posibles licitadores si la iniciativa privada lograse salir adelante. En similares términos, Purificación Joyera, portavoz de Ciudadanos, manifestó que la propuesta sometida a dictamen por el equipo de gobierno "obedece únicamente a la petición del arquitecto redactor del proyecto y el pleno está para otras cosas". Según Joyera "este pleno no ha votado nada en relación con este tema y no tiene por tanto ninguna obligación con nadie puesto que nada ha aprobado, por lo que lo único que nos corresponde como Ayuntamiento es presionar a la Junta para que el nuevo Palacio de Justicia se haga, en lugar de permitir su actuación, casi déspota" exigiendo más terrenos y poniendo el precio que pagará por los mismos. Además, Joyera recriminó al regidor lucentino que se hayan creado en los vecinos de la zona "falsas expectativas" sobre el éxito de esta iniciativa.
Ahora queda por ver hasta que punto los desconocidos promotores de la iniciativa, cuya única cara visible es el redactor del proyecto, José Mª González Prieto, están dispuestos a cumplimentar las exigencias de la administración andaluza, que ha pedido un mínimo de 4.000 metros cuadrados de superficie construida para los nuevos juzgados y ha fijado anticipadamente cuanto está dispuesta a pagar.
