Como ya se había adelantado en días previos, el equipo de gobierno sometió ayer a votación del pleno la decisión de amortizar la plaza de arquitecto contratado en su día para la supervisión y dirección de las obras del casco histórico, cuyo contrato había devenido en indefinido por decreto de alcaldía previo a la presentación por el interesado de recurso en la vía judicial, al constatarse que dicho empleado había venido realizando tareas para las que no había sido contratado.
El tema salió adelante con el voto favorable de PSOE y PP, la abstención de IU y Ciudadanos y el voto contrario de Entre tod@s sí se puede Lucena (ETSSPL).
En el debate, Vicente Dalda, –que junto al PP había solicitado en el plano anterior una comisión de investigación sobre este caso, rechazada por PSOE e IU– acusaba a Juan Pérez de mentir al pleno al declarar a los medios de comunicación que miembros del equipo de gobierno hubiesen encargado al arquitecto trabajos diferentes a los encomendados en su contrato, dando lectura a varios decretos u órdenes del propio alcalde, de Manuel Lara y Miguel Villa que, a su juicio, demostrarían lo contrario. Dalda pidió la nulidad de los decretos de alcaldía que elevaban a la categoría de "indefinidos" a este arquitecto y a un profesor de la Escuela municipal de Música y el guarda de un colegio y volvía a acusar al equipo de gobierno de "nepotismo" o trato de favor hacia familiares y amigos.
El portavoz del PP, Paco Huertas, quiso dejar claro que su grupo votaba favorablemente "por la misma responsabilidad que le ha faltado al equipo de gobierno al permitir que esto ocurriera" y porque los 20.000 euros que costará a las arcas municipales el despido son una cantidad inferior a los 64.800 euros que costaría mantenerlo en su puesto hasta su jubilación. "Comparando nos inclinamos por la primera opción en defensa de los intereses de los lucentinos", argumentó Huertas.
Por su parte, Puri Joyera, portavoz de Ciudadanos, volvió a pedir que se depuren responsabilidades "políticas o técnicas" para saber quien se equivocó y evitar que este tipo de situaciones se reproduzcan en el futuro y Carlos Villa, de IUCA, recordó que hay otros casos similares de trabajadores de Servicios Sociales a los que no se ha reconocido el carácter indefinido de sus contratos y han tenido que ganarlo en los tribunales.
La edil de Personal, Teresa Alonso, contestó al PP manifestando que el coste del despido será de 10.414 euros y que responde "a un derecho que asiste a este trabajador". Además Alonso volvió a dejar claro que la negativa del PSOE a celebrar una comisión de investigación responde a que todo lo ocurrido está suficientemente documentado en el correspondiente expediente. Según Alonso "no es ilegal declarar indefinido a un trabajador y nosotros nos fijamos en criterios técnicos y jurídicos".
Respecto a las acusaciones de Dalda, la concejala de Personal, Teresa Alonso, animó a este grupo a llevar el caso al juzgado. Dalda anunció que votaba en contra de este punto para estar habilitado para hacerlo.
