El ayuntamiento sigue funcionando con presupuesto prorrogado de 2017 dos meses después de la aprobación de las cuentas municipales para 2018

La causa son las cinco reclamaciones interpuestas contra el documento por la Sección Sindical de USO, que no pudieron ser estudiadas en el último pleno por falta de tiempo y serán objeto de una sesión extraordinaria en los próximos días

01 de Marzo de 2018

Pese a tener aprobado el Presupuesto Municipal en sesión plenaria celebrada el pasado 22 de diciembre, el Ayuntamiento de Lucena no ha podido hacer uso del mismo por el momento y lleva dos meses funcionando con presupuesto prorrogado del ejercicio anterior. 

La causa son las cinco reclamaciones interpuestas por la Sección Sindical de la Unión Sindical Obrera en el consistorio lucentino contra la aprobación inicial de los presupuestos y la plantilla para 2018.

Según ha explicado USO, la primera reclamación se formuló por no contemplarse en los créditos de los nuevos presupuestos "la partida necesaria para atender el compromiso de gasto derivado de la aplicación del vigente Reglamento de Productividad", lo que a juicio del sindicato "incumple la obligación de incluir en los estados de gastos, con la debida especificación, los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones". Desde el año 2013 hasta 2017, el presupuesto consignó partidas de 220.000, 200.000, 300.000, 300.000 y 245.855 euros para este fin.

Una segunda reclamación fue realizada por "incumplimiento del deber de publicidad activa conforme a las Leyes de Transparencia (Estatal y Autonómica), al no publicarse en la sede electrónica la documentación que formaba parte del expediente del presupuesto durante el periodo de exposición al público".

USO señala que estas dos reclamaciones "fueron aceptadas" y se manifestó la intención de publicar el acuerdo de aprobación inicial de los presupuestos, abriendo un nuevo plazo de reclamaciones y publicando los documentos que forman parte del expediente en la sede electrónica municipal. Sin embargo el 31 de enero, cuando se publicó el nuevo anuncio, la documentación no se encontraba disponible, lo que dio lugar a una tercera reclamación.

El panorama se completó posteriormente con otras dos reclamaciones de carácter técnico, una por un presunto "incumplimiento del deber de publicidad legalmente estipulado y por incumplir la estructura la normativa presupuestaria establecida al respecto" y otra "contra la aprobación inicial de la plantilla, tanto por la omisión del deber de publicidad mediante anuncio en el BOP del acuerdo de aprobación inicial, como por contradecir la plantilla la Relación de Puestos de Trabajo".

 

DEBE RESOLVER EL PLENO

Hasta que estas reclamaciones sean resueltas por el pleno –órgano en quien recae esta responsabilidad– los presupuestos para 2018 se encuentran paralizados. 

El asunto figuraba entre los que se llevaban a la sesión plenaria del pasado martes por vía de urgencia. Sin embargo, la norma indica que el pleno municipal no puede extenderse más allá de las doce de la noche del día para el que se fija. Las cinco horas de pleno –de 7 de la tarde a 12 de la noche– no fueron suficientes para completar el orden del día y este asunto quedaron fuera de la sesión, al sumarse a la incidencia del tiempo la necesidad –expresada por los grupos de la oposición– de estudiar los informes, a lo que tuvieron acceso pocas horas antes del pleno, por lo que será necesario convocar una sesión plenaria con carácter extraordinario para proceder a la admisión o rechazo de las reclamaciones sindicales y permitir que el nuevo presupuesto municipal entre en vigor. 

La edil de Hacienda, Araceli Bergillos, culpó al sindicato de obstaculizar esta posibilidad manifestando que las últimas alegaciones entraron "en el límite de tiempo" para realizar los preceptivos informes jurídicos e incluir el asunto en el orden del día, todo ello "en aras a paralizar que el punto saliera adelante". Así las cosas, aspectos como el ambicioso Plan de Inversiones para 2018 aún no han podido ponerse en marcha.

USO, por su parte, indica que las reclamaciones presentadas "sirven de pistoletazo de salida a nuestra obligación de impedir por segundo año consecutivo las intenciones del equipo de gobierno de anular nuestro vigente Reglamento de Productividad aprobado por unanimidad, desviando la partida destinada a los distintos Programas, al bolsillo de unos pocos", a través de una Valoración de Puestos de trabajo cuya finalización es una incógnita, y que este sindicato considera que, incluso en caso de ser aprobada durante este año, sería imposible poner en funcionamiento debido a las limitaciones que mantiene el Gobierno de España para estos temas.

Tampoco pudo celebrarse en el último pleno el turno de Ruegos y Preguntas, igualmente por falta de tiempo, debido, entre otros aspectos, al extenso debate previo sobre mociones de carácter político que exceden la competencia municipal, como la equiparación de sueldos de las fuerzas de seguridad del Estado, la prisión permanente revisable o la huelga de mujeres del 8-M. La sesión finalizó pasadas las 12 y diez minutos de la noche.

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