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MANUEL GONZÁLEZ
El concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Lucena, Carlos Villa, emitió este viernes un comunicado de prensa con el objetivo de responder a las críticas del Partido Popular sobre la situación en la residencia de San Juan de Dios. Araceli Maíllo, edil popular, manifestó el pasado miércoles que la Junta de Andalucía no está cubriendo actualmente 16 plazas conveniadas en el centro. Carlos Villa expone que los recortes que está ejecutando el Gobierno Central son 'el único motivo' que está provocando esta coyuntura.
El concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Lucena, Carlos Villa, emitió este viernes un comunicado de prensa con el objetivo de responder a las críticas del Partido Popular sobre la situación en la residencia de San Juan de Dios. Araceli Maíllo, edil popular, manifestó el pasado miércoles que la Junta de Andalucía no está cubriendo actualmente 16 plazas conveniadas en el centro. Carlos Villa expone que los recortes que está ejecutando el Gobierno Central son 'el único motivo' que está provocando esta coyuntura.
Carlos Villa recuerda que la Fundación Hospital San Juan de Dios y San Rafael ostenta la titularidad de la Residencia de Mayores de Lucena, ubicada en un edificio situado en la calle Calzada. Asimismo, indica que dispone de dos tipos de modelos para la atención a personas mayores en situación de dependencia, como son la residencia y la unidad de estancia de diurna.
En cuanto a la residencia, Villa admite que la Junta de Andalucía no está sufragando actualmente 16 de las 69 plazas conveniadas. Por otro lado, la unidad de estancia diurna incluye un total de 20 plazas conveniadas con la misma Administración y 6 de ellas actualmente no está ocupadas.
'El único motivo para que existan plazas conveniadas no ocupadas es la falta de financiación, los recortes, que para la dependencia se viene produciendo por parte del Gobierno central', señala Carlos Villa, quien sostiene que este hecho está suponiendo que no se estén valorando a personas que solicitan la dependencia y pretenden acceder a este tipo de recursos, por lo que tan solo se hace en aquellos casos de extrema urgencia y necesidad.
El político de Izquierda Unida apunta que, aunque la Ley de Dependencia marca una financiación de estos servicios al 50% entre autonomías y Estado, actualmente la Junta de Andalucía está aportando el 75% de financiación y el Gobierno central el 25%, porcentaje que, según Villa, dificulta de forma extraordinaria el que las comunidades autónomas puedan afrontar el desarrollo de la ley para la dependencia de una forma óptima, rompiendo así, en su opinión, el principio de igualdad financiera establecido por ley.
En su razonamiento también añade que la retirada progresiva de la financiación en materia de dependencia por parte del Gobierno Central, sólo en el caso de Andalucía y en los últimos dos años, ha supuesto 214 millones de euros menos para la región. Esto origina, desde la perspectiva de Carlos Villa, que la Junta de Andalucía esté realizando un esfuerzo enorme para que no se noten los recortes.
De igual modo, Villa mantiene que el Partido Popular, con este tipo de declaraciones, no pretende otra cosa que crear alarma social poniendo en duda la continuidad de la Ley de Dependencia, aspecto este que de ocurrir será 'única y exclusivamente' responsabilidad del Gobierno central del Partido Popular por su la falta de apoyo y financiación.
En otro orden de cosas, y en referencia a los Servicios Sociales, Carlos Villa afirma que Andalucía ha experimentado un recorte por parte del Gobierno central de un 68% en el Plan Concertado, lo que conllevado pasar de 17 a 5,3 millones de euros" que en lo que afecta a Lucena causa un recorte de más de 59.000 euros. Esta cantidad se destina a garantizar la continuidad de los efectivos personales y funcionales que desarrollan su actividad en el ámbito de los Servicios Sociales Comunitarios.
Para concluir, Carlos Villa asevera que todo hace indicar que el Partido Popular con sus recortes en políticas sociales -educación, sanidad y servicios sociales- está pretendiendo volver a la 'beneficencia' y no considerar a estas como un derecho de todos los ciudadanos.
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