El Partido Popular de Lucena denuncia hoy a través de una nota de prensa los recortes en políticas sanitarias y sociales emprendidos por la Junta de Andalucía. La concejal del PP, Araceli Maíllo, ha manifestado que los centros de salud y los hospitales, especialmente el Infanta Margarita, "tienen parte del centro cerrado por vacaciones y lo que es más sangrante, se están produciendo altas precoces, partos en los que se dan a las madres altas médicas al día siguiente, mientras el bebé se tiene que quedar, ya que no hay suficientes camas".
Según el PP, con el periodo estival llegan los recortes sociales en la sanidad lucentina y de la comarca, que se concretan en el cierre de la séptima planta del hospital Infanta Margarita, lo que conlleva una sobrecarga en el resto del centro y largas esperas en urgencias para poder ser atendidos e ingresados. Para los populares "con la pérdida de estas 32 camas se pierden unas 2.800 estancias en el hospital y unas 850 intervenciones quirúrgicas no se realizan, lo que conlleva un incremento en las listas de espera quirúrgicas, no dando el hospital una cifra exacta sino siempre una cifra maquillada que no es ni mucho menos la realidad, que a final de año tratarán de paliar de forma precipitada derivando intervenciones a hospitales concertados, lo que provoca un mayor gasto", una situación que no casa con el lema de la Junta de Andalucía de que "la Sanidad Pública no se tocaría nunca
Según los populares "seguimos teniendo un Servicio de Cuidados Paliativos que no tiene personal de enfermería y la médico está al 75%, en Atención Primaria fisioterapeutas y matronas no son sustituidas en sus vacaciones, en enfermería se sustituye sólo un 12%, es decir, de cada 100 contratos de vacaciones se sustituyen sólo 12, repercutiendo esto en la calidad de la asistencia y en algunos de los programas sanitarios orientados a la prevención de la Salud, e incluso ha disminuido el personal de seguridad del hospital desde mediados de Julio, disminuyendo así la seguridad de los pacientes en servicios clave como Urgencias y Salud Mental.
LEY DE DEPENDENCIA
Con respecto a la Ley de Dependencia el PP denuncia que "el Gobierno de la Junta de Andalucía debe alrededor de 60 millones de euros a los ayuntamientos andaluces y más de 70 millones a entidades sociales, entre las que se encuentra la lucentina AMARA, y en la provincia de Córdoba, la Junta de Andalucía, mantiene más de 3.000 expedientes de dependencia sin resolver a pesar de que el Gobierno Central del Partido Popular está pagando 30 millones de euros al mes a la junta de Andalucía para la Dependencia", por lo que se preguntan a qué se destina este dinero.
