La comisión gestora del PSOE ha acordado la expulsión del partido del exsecretario de Organización del PSOE en Lucena, Antonio Sánchez Villatoro, como conclusión del expediente disciplinario que le abrió el pasado 7 de noviembre la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Córdoba, por, entre otras acciones, pedir firmas en el grupo de Facebook "El futuro del socialismo en Lucena", para declarar a la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, persona 'non grata' en la Agrupación socialista lucentina, usando "indebidamente" el logo del partido.
Dicho expediente también se le abrió a Sánchez Villatoro por afirmar en una reunión de afiliados socialistas, celebrada el pasado octubre en la localidad cordobesa de Pedro Abad, que el secretario general del PSOE de Córdoba, Juan Pablo Durán, y el secretario de Organización del PSOE cordobés, Antonio Ruiz, eran "la corrupción pura y dura" y que había que "acabar con este punto de corrupción en la provincia de Córdoba", siendo grabado todo ello en un vídeo que luego se difundió por diversas redes sociales.
La expulsión ordenada por la Comisión Gestora Federal alude a los artículos 49 y 50 del reglamento del partido. Considera que las opiniones de Sánchez Villatoro suponen "infracciones muy graves" por "menoscabar la imagen de los cargos públicos o instituciones socialistas".
La dirección del partido en Córdoba recuerda que Sánchez Villatoro tiene también otro expediente disciplinario abierto por una presunta campaña contra el secretario general de la agrupación del PSOE-A en Lucena, Juan Pérez Guerrero, asunto que actualmente se encuentra en vía judicial tras la demanda interpuesta por el regidor lucentino por un supuesto delito contra su derecho al honor, por "graves acusaciones" contra su persona, después de que Sánchez Villatoro denunciase un presunto desvío de fondos municipales para financiar las campañas electorales del PSOE de Lucena.
Según se indica en la resolución de la Comisión Gestora Federal del PSOE, Sánchez Villatoro argumentó en su defensa que "no era consciente de que estaba grabando su intervención" y que "no dio consentimiento al respecto" y negó haber menoscabado la imagen de los líderes socialistas, indicando que su actitud "encaja dentro de los derechos recogidos para los militantes en los estatutos" del partido y denunciando "parcialidad" en la instrucción del expediente.
El asunto ha tenido repercusión en distintos medios provinciales, regionales y nacionales.
