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El conflicto que mantiene la policía local con el equipo de gobierno a cuenta de los considerables recortes que sufrirán sus salarios como consecuencia de la aplicación del Real Decreto del ejecutivo central que amplia la jornada laboral a 37,5 horas y que, por tanto, deja sin efecto el complemento de productividad que han venido percibiendo los agentes durante los últimos años en virtud del mayor número de horas trabajadas, está teniendo ya efectos negativos.
Aunque ni policía local ni equipo de gobierno lo reconozcan abiertamente, lo cierto es que desde hace varias semanas, se ha puesto en marcha una "huelga de bolis caídos" encubierta, que se ha traducido en una considerable disminución del número de denuncias emitidas. Así lo ha confirmado esta mañana a LucenaHoy el alcalde en funciones, Miguel Villa, tras la última reunión mantenida con los representantes de los cinco sindicatos de la policía local.
Villa ratificó que en las últimas semanas se ha producido "una rebaja considerable del número de denuncias", aunque indicó que "oficialmente este equipo de gobierno no tiene noticia de que los agentes estén participando en una huelga de 'bolis caídos' que sería a todas luces ilegal, ya que supondría una dejación de funciones intolerable no sancionar un hecho delictivo". Por ello, Villa indicó que "este equipo de gobierno prefiere pensar que la disminución del número de denuncias se debe a una situación transitoria por las fechas veraniegas en las que nos encontramos o a un mejor comportamiento ciudadano, antes que a una falta de profesionalidad de estos funcionarios municipales".
Sin embargo, en círculos de la policía local no se niega la existencia de esta situación. Sirva como ejemplo que, en alguna de las últimas semanas, la grúa apenas ha realizado uno o dos servicios, según ha podido saber LucenaHoy.
En este ambiente, hoy se han retomado las negociaciones tras la asamblea mantenida ayer por los policías locales, en la que salió adelante por mayoría una nueva propuesta que los representantes sindicales han trasladado hoy al alcalde en funciones, Miguel Villa y el concejal de Personal, José Cantizani.
La propuesta supondría que aquellos agentes que así lo decidan voluntariamente, puedan realizar servicios complementarios remunerados fuera de sus turnos de trabajo, siempre a propuesta de la jefatura y respetando las circunstancias personales de cada agente y la conciliación entre la vida familiar y laboral.
La idea tendría un carácter temporal, hasta tanto se lleva a cabo una revisión de la actual Valoración de Puestos de Trabajo aspecto en el que están de acuerdo ambas partes que deberá remunerar adecuadamente aspectos como la peligrosidad del trabajo que realiza la policía, su carácter de autoridad pública, el hecho de tener que ir armados o la nocturnidad y trabajo en festivos.
El equipo de gobierno se ha comprometido a estudiarla y dar una respuesta a los sindicatos en los próximos días.
USO CULPA AL EQUIPO DE GOBIERNO
Por su parte, USO ha emitido una nota de prensa en la que insiste en que "cuando se habla de justa valoración del puesto de trabajo de la Policía Local, nos referimos a que la pérdida retributiva de los funcionarios de policía local ha sido debida a que la diferencia de sueldo de un policía con respecto a otro empleado, no residía en la auténtica valoración de sus funciones, sino a que los policías locales realizaban un mayor número de horas anuales que el resto de los empleados públicos. Así, mientras los demás empleados trabajaban 35 horas, los agentes de policía hacían 37.30 horas semanales, por lo que esta diferencia horaria era remunerada económicamente".
Según USO, "al aprobar, el Gobierno Central la Ley 3/2012, de 6 de julio, éste incremento de jornada propuesto por el Ejecutivo del Estado, y ejecutado con celo inmediato y aire marcial por parte de los regidores del Cogobierno Lucentino; los funcionarios de Policía perdían 400 euros mensuales netos de su sueldo".
Para el sindicato, "la premura con la que el Cogobierno de Lucena ha obedecido la orden de su Amo y Señor, al contrario que los demás ayuntamientos y Comunidades Autónomas gobernadas tanto por el PP como por el PSOE e IU, ha sido la auténtica causa del descalabro de numerosas familias lucentinas".
Para la Unión Sindical Obrera en Lucena, "no se ha mostrado voluntad de solución a una problemática que hubiera sido resuelta tanto posponiendo la aplicación de la referida Ley, al igual que la mayoría de los Ayuntamientos han hecho; así como reinvirtiendo los 300.000 euros recaudados de la pérdida de la productividad policial en medios y material para la propia policía local, así como creación de policía de Barrio o Patrulla Verde al servicio de la Ciudadanía".
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