Pedro Navarro y José Llamas, los dos miembros de la plataforma Stop Desahucios denunciados por el Ayuntamiento de Lucena en base a los hechos ocurridos en el Pleno del 28 de enero del 2014, anunciaron este lunes que "no pedirán perdón" ni admitirán equivocación en el juicio previsto para este miércoles después de que la vista oral se suspendiera el pasado 19 de noviembre. "Nuestra actuación no fue contra los concejales como personas ni individualmente sino como representantes públicos". En la misma línea, compartieron el "orgullo" por las protestas en las que se defienden "derechos humanos".
El juzgado número 3 de Lucena aceptó el aplazamiento del juicio solicitado por los denunciados quienes argumentaron para tal posición la imposibilidad de encomendar su defensa legal a un abogado y comunicar su lista de testigos. Pedro Navarro insistió en que las palabras que el pronunció fueron "no tenéis vergüenza".
La nueva fecha fijada para la vista oral es este miércoles 11 de febrero. Desde la página de Facebook de Stop Desahucios se ha convocado "a todos los vecinos de Lucena y colectivos sociales que quieran dar su apoyo a los compañeros Pedro Navarro y José Llamas a las puertas del juzgado a las 10:15 horas". Por otro lado, la plataforma también indicó que la anterior cuenta de la citada red social "ha sido censurada y eliminada" por lo que han debido crear otra nueva.
Los componentes de Stop Desahucios Lucena afirman que "no ha habido ningún contacto con el Ayuntamiento para decirnos si van a mantener la denuncia o no por lo que entendemos que van a ir al juicio igual que fueron". Por lo tanto, ratificaron su negativa a la conciliación propuesta por el Consistorio. "Transmitimos la indignación colectiva de las personas afectadas por la situación actual".
Los movimientos continuarán en los próximos meses. Según apuntaron, tras las elecciones municipales organizarán una manifestación, en la que participarán ciudadanos de toda la provincia, con el objetivo de "pedir la modificación de la ley de desahucios, la dación en pago, los suministros básicos y contra la ley mordaza". "Seguiremos actuando mientras unos se enriquezcan y otros se quedan sin nada", concluyeron.
Por último, aludieron a la última consideración de la justicia europea sobre las cláusulas abusivas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció a finales de enero que los magistrados españoles deben "tener la posibilidad" de dejar sin aplicación una cláusula que imponga, según su criterio, intereses abusivos. Esto supone un espaldarazo a la modificación de la legislación española a raíz de otra sentencia del TJUE de marzo de 2013. Hasta entonces, la norma no permitía a los jueces suspender una ejecución hipotecaria en caso de encontrar abusiva alguna de sus cláusulas.
El fallo del TJUE responde a sendas demandas de ejecución presentadas por Unicaja Banco y de Caixabank ante un juzgado de Marchena (Sevilla). Ante las dudas surgidas sobre el carácter abusivo de las cláusulas, el magistrado elevó una consulta al Tribunal europeo sobre el encaje de la legislación española según la cual el juez debe ordenar que se recalculen los intereses de demora si el tipo de interés aplicado es más de tres veces superior al interés legal del dinero en la directiva europea sobre cláusulas abusivas en contratos entre profesionales y consumidores.
