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MANUEL GONZÁLEZ
El alcalde de Lucena, Juan Pérez, anunció este jueves, que las negociaciones con la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) están 'prácticamente cerradas' para que los 31 inmuebles que posee en la zona de El Zarpazo se incorporen al Plan Municipal de Vivienda, que este jueves detalló el máximo regidor de Lucena junto con el concejal de Hacienda, José Cantizani, y el edil de Servicios Sociales, Carlos Villa.
Juan Pérez destacó 'el esfuerzo y la dedicación' para redactar este plan durante los últimos meses y lo elevó como 'pionero'. Este proyecto afecta a las construcciones de titularidad pública y, por ello, se pretende que las propiedades de EPSA se acomoden al plan por lo que este plan municipal acumularía alrededor de 60 viviendas, situadas en El Zarpazo y en el Plan Parcial Oeste 1.
Por otro lado, el alcalde subrayó 'el matiz social y la importancia económica' de la iniciativa y diferenció dos líneas de trabajo: la adjudicación de viviendas y la concesión de subvenciones.
El importe mensual de los alquileres, con opción a compra, se fija de 200, 225 o 250, según sea de 2, 3 o 4 dormitorios la vivienda. En esta cantidad se incluye la cuota de la comunidad, lo correspondiente al Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el IVA al que haya lugar.
La parte destinada a la opción a compra se ha baremado en el 50% por ciento. Sin embargo, si la persona se hace cargo del mantenimiento de la vivienda asciende hasta el 70% y si existe regularidad en los pagos de los diferentes recibos sube hasta el 90%. La opción a compra se mantiene por un período de cinco años. Al finalizar este plazo, se puede renovar el procedimiento, enajenar la vivienda o alquilarla a otro interesado.
Juan Pérez insistió en el que los requisitos de los límites de renta no son obligatorios, solo prioritarios. Así, cualquier familia puede acceder a la vivienda, una modalidad que permite el artículo 13 del Reglamento de Vivienda Protegida. No es preceptivo, ni siquiera, aparecer inscrito en el registro de demanda de vivienda y solo basta con un informe de Servicios Sociales. Finalmente, Juan Pérez apuntó que se oferta una carencia de dos meses, ampliable en el caso de lanzamiento, desalojo o cualquier otra circunstancia sobrevenida.
En su intervención, José Cantizani, concejal de Hacienda, se centró en las subvenciones referentes al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza humana, comúnmente conocido como plusvalías. Cantizani señaló que es un gravamen regulado por la Ley General Tributaria y solo cabe añadirlo a la ordenanza fiscal municipal.
No obstante, el responsable del área de Hacienda, expuso que el Gobierno central, en marzo del año 2012, agregó una excepción a las plusvalías cuando se tratase de una dación en pago. Entonces, el sujeto pasivo del impuesto sería la persona jurídica que se hiciese con el bien, es decir, en este caso, los bancos. En cambio, esta modificación no atendía a las personas físicas cuando se procediese a una subasta y el perjudicado continúa siendo el transmisor del bien.
Con el propósito de aliviar esta carga, en septiembre se abrirá una convocatoria de subvenciones, que se repetirá cada seis meses, para prorratear 10.000 euros anuales cuando se produzcan desalojos o lanzamientos de viviendas únicas y habituales. Para concluir, indicó que lo máximo que aportará el Ayuntamiento será el 50% de la renta para familias con una renta per cápita inferior a los 150 euros mensuales.
En tercer lugar, habló Carlos Villa, concejal de Servicios Sociales. El político de Izquierda Unida auguró una mayor repercusión del plan si el recurso del Gobierno central contra el decreto-ley sobre la función social de la vivienda avanza.
Asimismo, cifró en un 10% la reserva de viviendas para demandas sociales, por ejemplo, casos de desalojos o lanzamientos, en los que se requiere intervenciones urgentes y de necesidad, con especial atención a los colectivos con menores a cargo. Por último, enumeró dos medidas adicionales como son la ayuda económica a fianzas y la posibilidad de ser eximidos de la fianza.
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