El Pleno del Ayuntamiento de Lucena ha aprobado con el voto favorable de todos los grupos municipales y la posición contraria del edil no adscrito Vicente Dalda, sancionar a la empresa adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio –Servisar Servicios Sociales SL– con 8.000 euros tras considerar probado que la misma habría cometido dos faltas graves y una tercera de carácter leve respecto al cumplimiento de su contrato, cerrando así el expediente abierto tras la denuncia formulada en este sentido por el grupo de Izquierda Unida (IU).
La instructora del expediente considera como falta grave tanto el incumplimiento del control de presencia para las auxiliares mediante etiquetas de radiofrecuencia NFC adheridas en los domicilios de los usuarios, como el de las medidas recogidas en el Plan de Conciliación, que fueron sustituidas por otras de acuerdo con las trabajadoras sin la preceptiva comunicación al Ayuntamiento. Del mismo modo se considera como falta leve la demora en tres meses de la contratación de trabajadores sociales a la que estaba obligada la adjudicataria.
PSOE, PP y Ciudadanos han considerado que la pena estimada por la instructora del expediente –5.000 euros por la primera falta grave, 2.000 por la segunda y 1.000 euros por la de carácter leve– es "proporcional" a los incumplimientos probados, pese a que dichas faltas podrían haberse resuelto con hasta 21.000 euros de sanción. Según estos grupos se ha podido constatar que las dos faltas graves no han supuesto un ahorro económico para la empresa y que tanto las empleadas del programa como los usuarios del servicio de ayuda a domicilio consideran que el mismo se presta con la calidad adecuada. No ocurre lo mismo con la demora en tres meses de la contratación de trabajadores sociales, considerada como falta leve de acuerdo con la legislación vigente, pero que podría haber supuesto para la empresa un ahorro de hasta 42.000 euros en personal.
Más críticos se han mostrado el grupo municipal de IU y el edil independiente Vicente Dalda. Los primeros han votado a favor del dictamen pese a considerar que los hechos revisten mayor gravedad, señalando Carlos Villa que ir en contra del mismo podría facilitar un recurso por parte de Servisar Servicios Sociales S.L. Por su parte Dalda indicó que esta decisión "abre la puerta" a que otras empresas contratadas puedan actuar del mismo modo, considerando que la sanción que pueden recibir es muy inferior al ahorro obtenido.
La concejal de Servicios Sociales y Salud, Teresa Alonso, ha informado durante su intervención que el Ayuntamiento continúa trabajando en la nueva licitación del servicio de ayuda a domicilio, después de que se tomase el acuerdo de no prorrogar el contrato suscrito hace ahora dos años con Servisar. Alonso indicó que habrán de ser los servicios jurídicos municipales los que determinen si la actual prestataria puede presentarse al nuevo concurso pese a las infracciones penalizadas, respondiendo así a una pregunta de IU sobre este particular.
