Agentes del Cuerpo Nacional de Policía, en unión a funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Córdoba, han detenido a 27 personas –buena parte de ellas residentes en Lucena y otros municipios cercanos– como continuación de una investigación iniciada en el año 2014, y por la que, el pasado septiembre, se destapó un entramado formado por seis empresas "ficticias" con sede social en nuestra ciudad, enfocadas a la construcción de urbanizaciones, y que habrían defraudado más de 700.000 euros a la Seguridad Social mediante la realización de contratos de trabajo falsos. En total, entre estas dos operaciones, han sido detenidas ya 102 personas e imputadas otras 57 y el fraude detectado asciende a más de 1,3 millones de euros, teniendo en cuenta las prestaciones y subsidios públicos cobrados fraudulentamente por supuestos trabajadores, cuotas de seguros impagados y deudas a la Seguridad Social.
En el marco de esta nueva fase, los agentes detectaron la creación de otras dos empresas por parte del principal investigado, ideadas igualmente para realizar falsos contratos con el fin de que ciudadano extranjeros regularizaran su situación administrativa en España y lograsen de forma irregular subsidios por desempleo.
Origen de la investigación
La presente operación, bautizada con el nombre de "Palacios", se inició a mediados del año 2014, tras detectarse una anomalía en la documentación presentada por una ciudadana extranjera, de nacional rumana, la cual acreditaba haber trabajado para varias empresas en un corto periodo de tiempo, logrando acumular los días de cotización necesarios para ser beneficiaria de una prestación por desempleo.
Conforme avanzaba la investigación, los agentes pudieron comprobar cómo las seis empresas radicadas en Lucena se habían creado de forma ficticia, con la única finalidad de contratar virtualmente a trabajadores, que a su vez utilizaban los contratos para adquirir subsidios por desempleo o, incluso, para que ciudadanos extranjeros pudieran regularizar su situación administrativa en nuestro país, todo ello de manera fraudulenta.
Gracias a la investigación, los agentes pudieron obtener indicios sólidos de que el cabecilla de la organización coordinaba esta red de mercantiles enfocada a la venta "a la carta" de contratos de trabajo a tercera personas –conocedoras de la falsedad de los contratos– por unos 800 euros aproximadamente, exigiéndoles incluso a sus supuestos trabajadores un tanto por ciento de las prestaciones fraudulentas que conseguían.
Por todo ello, durante el pasado verano, los investigadores procedieron a la identificación de los implicados en la trama delictiva, desmantelando las mencionadas empresas, logrando inicialmente la detención de 75 personas –supuestos trabajadores– e imputando a otros 32 individuos, residentes la mayoría de ellos en Córdoba y Lucena, así como en Palma de Mallorca, Málaga, Gerona, Madrid.
Nuevas detenciones gracias al análisis del material intervenido
Esta nueva fase de la investigación ha sido posible a raíz del estudio minucioso de la documentación intervenida en los diversos registros efectuados, detectándose la creación de otras dos empresas ficticias, constituidas con la misma finalidad fraudulenta, deteniéndose en esta ocasión en Córdoba y Lucena a otras 24 personas, y tres más en San Sebastian, Almería y Granada. Además 25 personas han sido imputadas, entre las que se encontraban principalmente "trabajadores" de las empresas desmanteladas que habían solicitado prestaciones públicas indebidas (desempleo, subsidios, incapacidad temporal, jubilación anticipada...) y entre los que hay varias personas extranjeras que habían tratado de regularizar su situación en nuestro país mediante la presentación de los contratos de trabajo expedidos de forma irregular.
