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Se cumplen en estos dias 67 años del lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. Estaban los del SAT comentando esa inolvidable tragedia en la okupada finca militar de Las Turquillas, cuando a Sánchez Gordillo se le encendió el piloto rojo y propuso a sus camaradas:
- Nos han dado un ultimátum y hay que dejar libre esta finca. Ahora es el momento de lanzar otras bombas sin víctimas mortales. Para que el Gobierno se entere del estado de necesidad que estamos sufriendo, vamos a expropiar los alimentos que podamos, sin pasarnos, para saciar el hambre de los parias de Andalucía. Mercadona y Carrefour van a ser nuestros próximos objetivos.
Rápidamente se subieron en dos furgonetas-multiusos y, a toda marcha, levantaron el vuelo hacia Écija y Arcos. Sin más rodeos, se dejaron caer sobre los parkings y, tras franquear la entrada a pié, hicieron una incursión sobre la línea alimentaria arramblando con la leche, las judías y los garbanzos que más a mano tuvieron; y se marcharon sin pagar con los carritos a tope.
Avisadas las fuerzas del orden, siete afiliados ya estaban detenidos al poco rato en los juzgados, según anunció el Ministro del Interior y con el siguiente protocolo: 1) El Ministro de Justicia (Gallardón) exigió, 2) la intervención del Fiscal General del Estado (Torres-Dulce), el cual ordenó 3) al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía una actuación inmediata. Así pues, en un tiempo récord, fueron detenidos y, tras prestar declaración, quedaron en libertad con cargos, a la espera de que pase el mes de agosto, que es inhábil para muchos temas judiciales.
No pretendo aprobar, ni disculpar ni suavizar esta mala actuación sindical que tanta alarma ha causado, pues siguiendo este pésimo ejemplo España podría convertirse en un país inhabitable. Pero resulta chocante e incomprensible que todos los medios de comunicación hayan dedicado múltiples páginas, tertulias, debates condenando esta conducta y tachándola de asalto y robo con violencia,mientras que pasan de puntillas sobre las estafas de las preferentes, la crisis de Bankia, la de la CMM, la Cam, Caixanova, Caixagalicia y la ristra interminable de presuntos chorizos hispanos que, siguen en la calle, sin que la justicia se dé prisa en aplicar la ley sobre ellos porque son del guante blanco y de categoría superior.
Han pasado algunos años y siguen en la opacidad los casos del Liceo de Barcelona, Mercasevilla, los Eres fraudulentos, los aeropuertos peatonales. etc. etc. ¿Cuándo se van a resolver casos infinitamente más graves como los del Gurtel, Fabra, Matas, Munar, Urdangarín y demás autoridades de casi todas las autonomías de España? ¿Cuándo van a devolver a las arcas públicas los millones desaparecidos apretando botones y sin despeinarse? Probablemente, nunca, pues desde que se destapó el caso Malaya, han transcurrido ocho años y todavía no hay condena en firme sobre los enjuiciados.
Muy mal papel está haciendo la justicia española, en la que la mayoría de los ciudadanos ya no confiamos. La omisión del deber de perseguir un delito es también un delito. No hace falta ser un lince para ver que en España hay dos escandalosas varas de medir dependiendo de la casta a la que pertenezcas.
Una pena y una desgracia, que no merecemos.
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