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Dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que es ciudadano aquel habitante, de las ciudades antiguas o de Estados modernos, que es sujeto de derechos políticos y que interviene, ejercitándolos, en el gobierno del país.
Pues bien, las constituciones y leyes se refieren siempre al ciudadano como el sujeto de los derechos y deberes que de ellas emanan, es decir, que el ciudadano, por el mero hecho de serlo, ostenta unos derechos y deberes consustanciales a su condición de ciudadano.
Está claro, al menos en mi opinión, que un ciudadano de un estado moderno por el mero hecho de serlo tiene, como mínimo, el derecho a la vida, a la salud, a la educación y a la seguridad. Es decir que es el estado en cuestión el garante de que esos derechos, con independencia de la situación social o económica del ciudadano, se vean satisfechos por el mero de hecho de ser ciudadano de ese estado.
Ciertamente eso no es gratis total. El ciudadano tiene el inexcusable deber de cumplir las leyes y contribuir, en la medida de sus posibilidades a la hacienda publica que, en última instancia, posibilita su propia existencia como ciudadano titular de esos derechos.
Por otra parte el diccionario se refiere a consumidor como aquella persona que compra productos de consumo.
Es claro que un consumidor es aquel ciudadano que está en disposición de adquirir, mediante su pago correspondiente, aquellos bienes o servicios que su peculio o su crédito le permite.
Pues bien, la acción legislativa del actual gobierno sustentado por el partido de la derecha, en claro y flagrante incumplimiento de sus promesas electorales, va dirigida a convertir a los ciudadanos en consumidores.
Hasta ahora la sanidad, la educación y la seguridad eran un derecho de los ciudadanos al cual tenían acceso según sus necesidades y por el mero hecho de su ciudadanía sin que les fuera necesario recurrir a su peculio o a su crédito, es decir sin tener que utilizar, para disfrutar de esos derechos, su condición de consumidores.
Los derechos nunca han sido gratis, se han pagado con el dinero de todos, es decir con los impuestos, pero el designio de gobierno, que se desprende del corpus legislativo que su mayoría absoluta le permite imponer, es que los derechos sean para aquel que pueda pagarlos, es decir, convertir al ciudadano, titular de eso derechos, en mero consumidor que, dispondrá o no, de sanidad, educación o seguridad, en función de su capacidad económica, es decir, de su capacidad para pagarlos. Véase el boletín oficial del estado y sus disposiciones en materia de sanidad, educación y próximamente, seguridad. Está claro, a los hechos me remito, que para la derecha de este país es preferible contar con consumidores antes que con ciudadanos ¿por qué será? Que cada cual le de la respuesta que mejor le parezca.
Juan M. Roldán 
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