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Al fin aparece una buena noticia en el horizonte del desolado paisaje de la situación económica. La Junta de Andalucía ha decido tomar la iniciativa, en el asunto de los desahucios, y se dispone a legislar con base en el articulo 33 de la Constitución que dice en su literalidad:
1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.
3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.
Es decir que la propiedad privada tiene una función social que limita, de acuerdo con la ley, su uso y disfrute por parte del propietario.
Parece causa justificada, de utilidad pública e de indudable interés social, evitar mediante una legislación adecuada el drama diario de los desahucios. Pues bien, ha bastado el simple anuncio de la medida, aun por presentar y debatir en el Parlamento de Andalucía, para que al gobierno, por boca de su ministro de Justicia Sr. Gallardón, le haya faltado tiempo para poner en solfa dicha medida con el consabido argumento de que no es competencia de la Junta de Andalucía, ¿Que entenderá el gobierno por autonomía?
Aunque visto lo visto el gobierno parece mucho más sensible a la presión del lobby financiero que al clamor popular y a la cruda realidad de los desahucios diarios.
Por fin un rayo de mínima esperanza para aquellos que, sin arte ni parte, se han visto arrollados por el tsunami de la depresión económica y la perdida de su trabajo. Esperemos que el dictado de los grandes poderes financieros, por medio del gobierno, no pueda frustrar esas esperanzas, como sin duda es su intención, pasando por alto el mandato constitucional sobre la función social de la propiedad.
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