Una parte del colectivo de trabajadores de la empresa municipal “Aguas de Lucena S.L.”, perteneciente principalmente al área de gestión y administración, ha mostrado esta tarde su total disconformidad con el preacuerdo de valoración de puestos de trabajo que el consejo de Administración podría aprobar el próximo lunes.
Según este colectivo, que asegura representar a casi un 40 por ciento de los empleados de Aguas de Lucena, el citado preacuerdo, que debería perseguir la equiparación de las condiciones de trabajo y retribuciones de los trabajadores de Aguas de Lucena S.L. con el resto de empleados públicos del Ayuntamiento, ha venido precedido de "multitud de irregularidades y vulneraciones de los derechos fundamentales de muchos de los trabajadores afectados por el mismo".
El colectivo se muestra especialmente crítico con la actitud del Delegado de Personal, que "pese a haber sido elegido democráticamente, parece haber actuado hasta ahora en beneficio de algunos trabajadores en concreto y en detrimento de otros, sin ejercer las funciones que la legislación laboral le atribuye, llegando a tener una actitud beligerante y hostil hacia ese porcentaje de casi un 40% de la plantilla disconforme con el acuerdo que suscribe en nuestro nombre", provocando "una situación esperpéntica, impropia de un representante sindical y totalmente alejado de la defensa de sus compañeros/as de trabajo".
Por otra parte estos trabajadores denuncian que el alcalde de Lucena y presidente del Consejo de Administración de Aguas de Lucena, Juan Pérez, no habría atendido su compromiso de informarles de las decisiones a adoptar por parte la empresa y "solventar las dudas existentes sobre una decisión que pudiera provocar alguna indefensión, desigualdad e injusticia para los trabajadores", por lo que, a la vista de que el próximo día 30 de enero podría quedar aprobado el acuerdo, se sienten "profundamente ninguneados e indefensos frente a una manifiesta injusticia laboral como empleados públicos".
Los trabajadores afectados han pedido a todos los grupos políticos representados en el Consejo de Administración "y particularmente a su Presidente y Alcalde", que se deje sobre la mesa este acuerdo "y prosiga la negociación hasta verse satisfecha la defensa de nuestros derechos laborales y retributivos", al tiempo que anuncian su voluntad "de hacer uso de todos los derechos y acciones legales que en defensa de nuestros intereses nos otorga la legislación vigente, sin descartar nuestro derecho a huelga y la de acudir a los Tribunales".
