La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Lucena (Suvilusa) ha mantenido esta tarde una reunión informativa con los inquilinos de las viviendas de uno de los bloques promovidos por la entidad en El Zarpazo, para informar de la operación de venta de la deuda por parte de Caixabank al fondo de inversión americano DSSV.
Esta reunión, a la que han asistido el alcalde de Lucena, Juan Pérez, y la consejera delegada de la entidad, Araceli Bergillos, se produce una vez que Suvilusa confirmara el pasado miércoles la adquisición, por dicho fondo, de la deuda generada por el préstamo suscrito en 2007 por la empresa municipal lucentina con Caixabank para la promoción de este bloque de viviendas de VPO y después de que esta misma mañana se diera cuenta de lo ocurrido al Consejo de Administración de la empresa.
Según indica el consistorio lucentino en una nota de prensa, este bloque, propiedad de Suvilusa, está formado por 25 viviendas, de las cuales 23 mantienen con la empresa municipal un contrato de alquiler con opción a compra por el que los inquilinos pagan, según el tamaño del piso, entre 183 euros y 229 euros mensuales. Estas sumas sirven para sufragar, "sólo en parte, los 6.500 euros que Suvilusa paga cada mes a Caixabank por el crédito hipotecario, del que aún restan por pagar en torno a 1,2 millones de euros".
Según el comunicado hecho público por el Ayuntamiento de Lucena "la diferencia entre las cantidades aportadas por los inquilinos de estas viviendas, donde la morosidad con Suvilusa se sitúa en torno al 50%, y la cifra a pagar al banco la viene asumiendo la propia empresa municipal, haciéndose necesario en 2017 que Suvilusa emplease unos 80.000 euros de su presupuesto como ingreso adicional para responder al calendario de pagos establecido con el banco".
El pasado mes de enero, cuando desde Suvilusa se pusieron en contacto con el Centro de Negocio Inmobiliario de Caixabank para conocer la cantidad pendiente de pago con cargo al año 2018, la entidad bancaria informó "que la deuda había pasado al Departamento de Morosidad, descubriendo una semana después que, en realidad, la deuda había sido vendida al fondo de inversión DSSV", según señala el Ayuntamiento, que asegura que no ha tenido "comunicación oficial ni oficiosa de la venta de la deuda" y "no ha sido hasta el miércoles 20 de febrero, en nuestra primera reunión con la empresa gestora del fondo de inversión, cuando hemos tenido confirmación de la operación" según ha reconocido Araceli Bergillos, cuya primera decisión ha sido "la de informar lo más rápido posible tanto al Consejo de Administración como a los propios vecinos".
En este encuentro con las familias que habitan las viviendas, la concejal lucentina ha dado a conocer el resultado de esa primera reunión de la semana pasada. "Se desarrolló en un ambiente cordial, donde se nos comunicó que su intención es seguir el planteamiento de venta de los pisos en los próximos años, dentro del acuerdo de alquiler con derecho a compra que firmaron los inquilinos", ha asegurado, de ahí que "nuestro mensaje a los vecinos haya sido de tranquilidad pese a habernos encontrado de la noche a la mañana este tema", dejando claro que "si hubiera alguna novedad en la relación entre Suvilusa y vecinos, ésta se tomará en el Consejo de Administración cuando se tenga toda la información necesaria".
Por último, la responsable de Suvilusa ha desvelado que "desde Caixabank se nos ha dicho que ellos no tienen la obligación legal de informarnos si venden o no la deuda a un fondo de inversión", considerando la edil lucentina que "también es verdad que por una obligación moral podían haber informado de su actuación, sobre todo conociendo que estamos ante viviendas sociales".
LOS FONDOS BUITRE EN ESPAÑA
El desembarco en el sector inmobiliario español de los fondos de inversión –los llamados fondos buitre, en inglés distressed funds— se produjo en 2012 y 2013, en plena resaca de la "crisis del ladrillo", pero es en los últimos meses cuando estas sociedades se están dedicando a comprar barato deuda hipotecaria para vender caro con posterioridad, aprovechando las regulaciones del BCE y del Banco de España, que han empujado a los grandes bancos a reducir su riesgo inmobiliario deshaciéndose de las viviendas, solares y oficinas que quemaban en sus balances, limitando así su exposición al ladrillo. Así, fondos como Blackstone se han convertido en poco tiempo en la mayor inmobiliaria privada de España tras hacerse con más del cincuenta por ciento de la cartera inmobiliaria del Popular. Los fondos están comprando en España grandes paquetes de viviendas sociales, convirtiendo el papel de casero benevolente que ha desempeñado la administración en estos años en sociedades sin alma a las que solo le importan los números, dejando en un elevado nivel de desprotección a muchos ciudadanos. Habrá que esperar para ver como evoluciona este tema en Lucena, máxime en la situación de vulnerabilidad que evidencia el elevado nivel de morosidad de un alto porcentaje de los inquilinos de este promoción pública en El Zarpazo.
