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El Gobierno socialista de la Junta de Andalucía ha reconocido en unarespuesta parlamentaria que la deuda pendiente de pago a los CentrosEspaciales de Empleo de la provincia de Córdoba asciende a 821.248euros, a fecha de 3 de noviembre.
Así lo ha manifestado la parlamentaria andaluza del Partido Popular deCórdoba Rafaela Obrero, quien ha vuelto a denunciar el retraso en el pago de las subvenciones a estos centros especialesde empleo por parte del Gobierno de la Juntade Andalucía, lo que a su juiciio "estáponiendo en serio peligro la creación y el mantenimiento de los puestosde trabajo para personas con discapacidad".
Para Obrero "esta es la apuesta por el empleo y por las personas condiscapacidad que hace el Partido Socialista desde las administracionespúblicas donde gobierna, su única acción es dar la espalda a losdiscapacitados y a las personas que mantienen estos centros de empleoque dan ocupación a muchos cordobeses".
En Córdoba, varios centros especiales de empleo entre ellos el de AMARA, que recientemente visitó Rafaela Obrero han manifestado públicamente ladifícil situación que atraviesan, que hace que en algunos estépeligrando su existencia y están prorrogando su funcionamiento a duraspenas. Son 29 centros en la provincia con 718 trabajadores condiscapacidad a los que sabemos que no les han pagado estas subvenciones. En concreto, el centro especial de empleo de la asociación AMARA deLucena dedicado a la producción de muebles, ha planteado llevar a caboun plan de viabilidad.
Según Obrero, "lo verdaderamente sangrante es que Andalucía recibió en2009 de los Presupuestos Generales del Estado 8.695.530 euros para hacerfrente a las subvenciones a los centros especiales de empleo para lacreación y mantenimiento de puestos de trabajo a personas condiscapacidad, y en el año 2010 17.692.496 euros, dinero que no se handistribuido a estos centros".
Desde el PP han pedido que el presidente de la Junta de Andalucía explique a losandaluces y a los cordobeses "qué está pasando en la Consejeríade Empleo y quién va a asumir la responsabilidad política de esta pésima gestiónde los fondos públicos destinados a la creacióny mantenimiento de puestos de trabajo para discapacitados".
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