La delegada territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio-Histórico de Córdoba, Cristina Casanueva, ha señalado a LucenaHoy que "hemos sido capaces de resolver en un breve espacio de tiempo un problema ocasionado por el propio ayuntamiento". Según la representante autonómica "la delegación disponía de hasta tres meses para emitir el primer informe pero ya se ha completado la totalidad del trámite, y la resolución es favorable a la continuación de las obras". La decisión ya ha sido trasladada a la Dirección General. Según Casanueva "hemos intentado en todo momento no estorbar y agilizar la resolución de un problema administrativo que había generado el propio ayuntamiento".
La delegada territorial ha indicado que el Ayuntamiento no será sancionado por la ocupación de suelos correspondientes a la demarcación de carreteras ni tendrá que demoler ninguno de los elementos ya edificados como se había especulado inicialmente, tras requerir la administración autonómica la "paralización inmediata de las actuaciones y la suspensión definitiva de los usos no autorizados".
El edificio objeto de la polémica es el que se está construyendo para dar cobijo a los principales restos arqueológicos de este yacimiento, un conjunto de varios hornos romanos dispuestos en batería que dicho edificio pretende preservar de su deterioro y constituye el elemento principal del proyecto, estando su ejecución muy avanzada.
Las obras, encomendadas a la empresa Construcciones Almemur SL, con un plazo de ejecución de ocho meses, cuentan con una dotación económica de 347.572 euros y permitirán habilitar una galería lateral que sirva de recorrido para visualizar el conjunto de alfares de origen romano, así como levantar, en el nuevo edificio de una sola planta, el centro de atención de visitantes que albergará un par de salas expositivas y la zona de aseos.
El Ayuntamiento de Lucena afronta esta inversión en patrimonio histórico con cargo a los fondos FEDER de la estrategia de desarrollo EDUSI 'Lucena Cohesionada' y tras abrir un concurso público que concitó la participación de siete empresas con un presupuesto de licitación que se había fijado inicialmente en 450.000 euros.
