El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Lucena plantea unas inversiones de casi 48 millones de euros en el marco de los próximos diez años con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de Lucena a través de la concienciación social de una movilidad urbana sostenible y de la promoción e implantación de formas de desplazamiento más sostenibles dentro de la ciudad, con un transporte público de calidad y recuperando el protagonismo para el paseo a pie y en bicicleta.
El plan, redactado por la Ingeniera Civil María José Plaza, y aprobado por unanimidad en el pleno municipal, fue presentado el pasado miércoles por el edil de Urbanismo, José Cantizani y su propia autora en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, que viene celebrándose en estos días.
Partiendo de un proceso de diagnóstico de los principales problemas que afectan al conjunto de la ciudad en materia de movilidad, el plan ofrece una amplia variedad de soluciones a adoptar a corto, medio y largo plazo.
PROBLEMAS DETECTADOS
Entre los problemas detectados figuran el excesivo peso en los desplazamientos de vehículos a motor de la ronda, situada en pleno centro de la ciudad y en el conjunto del casco urbano a pesar de la puesta en marcha de a peatonalización del casco histórico o la congestión diaria en horas punta en varios puntos de la ronda.
También se refiere a gran déficit en cuanto a la oferta de aparcamiento –acentuado en el caso de residentes–, la necesidad de habilitar nuevas zonas de carga o descarga o la inexistencia de una red de transporte público hacia las zonas industriales y pedanías, la situación de la estación de autobuses en pleno centro de la ciudad o la permanencia de barreras arquitectónicas para el peatón a pesar del esfuerzo que ha venido realizándose en los últimos años en esta materia con la creación de itinerarios accesibles. Por último el estudio detecta la inexistencia de una una infraestructura ciclista continua y extendida por toda la ciudad, limitándose el carril bici a 1,1 kilómetros, y la falta de fomento de otras opciones diferentes al uso del coche. Finalmente se pone de relieve que el ayuntamiento no dispone de plan de Seguridad Vial pese a la existencia de numerosos puntos conflictivos en el entramado viario local y la calidad del aire es satisfactoria, aunque no puede constatarse ya que no se realizan controles de inmisión de la calidad del aire
SOLUCIONES
El plan ofrece también una variada gama de soluciones a las distintas problemáticas detectadas. entre ellas cabe destacar la creación de una red alternativa de aparcamientos periféricos ubicados en la zona de la Estación –en superficie– y en el Llano de Las Tinajerías, El Carmen y la Avenida del Parque –todos ellos soterrados– y un aparcamiento para residentes en casco histórico, así como una reorganización de las zonas de carga y descarga y del transporte de mercancías en el casco urbano, promoviendo la distribución urbana de mercancías con vehículos de carga pequeña.
En materia de red viaria se incluye la descongestión de la ronda mediante la culminación de la Ronda Sur, la remodelación del Cno. Torremolinos, A-340 a su paso por Lucena y Ronda del Valle; la conversión en bulevar de las travesías de la Carretera de Rute y Carretera de Cabra o la ejecución de una vía que conecte la estación de tren con el recinto ferial.
En cuanto al transporte público, se aboga por la creación de un servicio de lanzaderas a los polígonos industriales, el traslado de la estación de autobuses hacia el extrarradio de la ciudad, el incremento d ella información y protección de las paradas de autobús urbano o el diseño de un nuevo plano de paradas y el incremento de la frecuencia.
También se propone la creación de corredores peatonales, la creación de una red ciclista urbana y puesta en marcha de un Plan Municipal de la bicicleta que fomente su uso o la ampliación de la red semafórica para acabar con algunos de los principales puntos negros del tráfico en la ciudad.
Según la Ley de Economía Sostenible (2011), este Plan es una exigencia legal con la que debe contar nuestro municipio para la concesión de determinadas ayudas o subvenciones incluidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
