La visita que esta ha mañana ha realizado al Centro de Atención Temprana de Lucena el Consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, deja dos titulares de distinto signo.
El primero –y positivo– es que aunque el presupuesto de la Junta de Andalucía solo incluye 136.000 euros para la finalización de la redacción del proyecto y dirección de obra del futuro Hospital de Lucena, no se descarta que, si fuese necesario y los trámites administrativos lo permiten, se puedan destinar nuevas partidas al inicio de obra.
El segundo –más negativo– es que el Consejero se desdice de lo afirmado en pasado día 25 de octubre en Lucena por su compañero de partido y Delegado del Gobierno, Antonio Repullo, sobre la entrada en funcionamiento del centro sanitario en 2023. Hoy Aguirre ha señalado que ninguna infraestructura de estas características, con un presupuesto de 12 a 14 millones de euros y un equipamiento complejo, puede finalizarse en un plazo tan breve, más aun habida cuenta de que la previsión más plausible es que las obras no se inicien hasta bien entrado el año 2021, según ha expuesto el propio Consejero.
Estos asuntos fueron abordados ayer en la reunión que mantuvieron ayer en Sevilla el alcalde, Juan Pérez, y los representantes de los distintos grupos políticos municipales y de la plataforma Lucena por sus necesidades sanitarias, con el Director General de Gestión Económica y Servicios del SAS, José Antonio Miranda, para abordar la petición de un plan plurianual de inversiones para el centro hospitalario lucentino, reunión en la que también participó el Director General de Cuidados Sociosanitarios, José Repiso.
Sobre el resultado de la cita, el alcalde, Juan Pérez, se ha mostrado hoy satisfecho, agradeciendo la rápida atención a la petición de esta reunión por parte de la Consejería y valorando especialmente la predisposición del gobierno andaluz a asumir un posible inicio de obras en 2020 si se finaliza la redacción del proyecto –actualmente en curso– y los trámites burocráticos previos, entre los que se encuentra uno que debe acometer el propio consistorio, el traslado de la línea de alta tensión que atraviesa parte de los terrenos sobre los que se construirá esta infraestructura.
