martes 28.06.2022
Lucena Hoy

El delegado del Gobierno, Antonio Repullo, culpa al gobierno socialista de la Junta de "guardar en un cajón" el pago de las expropiaciones de la variante de Lucena

Antonio Repullo ha asegurado que ya se ha pagado un primer expediente de expropiaciones y se trabaja en las restantes "de forma prioritaria", aunque asume que habrá que pagar intereses de demora.
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Antonio Repullo en el IES Sierra de Aras, esta mañana
El delegado del Gobierno, Antonio Repullo, culpa al gobierno socialista de la Junta de "guardar en un cajón" el pago de las expropiaciones de la variante de Lucena

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Antonio Repullo, ha culpado al gobierno de Susana Díaz de la situación de los expedientes de expropiación de terrenos para la construcción de la variante norte de Lucena en la A331.

Repullo, que esta mañana ha visitado el Instituto Sierra de Aras, donde ha impartido una conferencia sobre la celebración del Día de Andalucía ha señalado que esta infraestructura es uno de los muchos proyectos que el actual gobierno de la Junta encontró atascado tras más de una década, tanto en lo que se refiere a la ejecución de la obra como del pago de los justiprecios de los suelos ocupados para su ejecución.

El delegado ha asegurado que la resolución del problema de las indemnizaciones “ha sido una prioridad para la Consejería de Fomento, para la Delegación del Gobierno y para la delegada territorial, Cristina Casanueva”.

Así, a finales de año “se procedió al pago de un primer grupo de indemnizaciones –en torno a cuarenta– y ya se está trabajando con las restantes con arreglo a un calendario anual”.

Antonio Repullo ha reiterado que “este expediente estaba paralizado en un cajón y ha correspondido al nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía proceder a ordenarlo”, y admitió que “esa paralización por parte del Gobierno anterior va a suponer que estas expropiaciones vayan a salir más caras para todos los andaluces” como consecuencia del pago de intereses de demora, que, según la abogada que defiende a un grupo de afectados, pueden suponer hasta un 50% más del coste fijado como justiprecio.

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