viernes 01.07.2022

El ayuntamiento ha pagado ya 150.000€ por despidos improcedentes, según el PP

El ayuntamiento ha pagado ya 150.000€  por despidos improcedentes, según el PP
El ayuntamiento ha pagado ya 150.000€ por despidos improcedentes, según el PP
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El PP ha valorado hoy en más de 150.000 euros la cantidad que el ayuntamiento ha tenido que satisfacer por despidos improcedentes en los dos últimos años y ha achacado los continuos fallos judiciales en contra del consistorio en materia laboral al "empecinamiento político" de algunos ediles, en referencia a los concejales de Izquierda Unida, "empeñados en llevar la razón sí o sí", según el edil popular Julián Ranchal, e "incluso desatendiendo en algunos casos como el del personal de las piscinas las indicaciones del secretario del Patronato Deportivo Municipal", apuntó José María Morillo-Velarde.
 
En su comparecencia hoy ante los medios de comunicación, Ranchal se ha referido a la última de estas sentencias contrarias al ayuntamiento, en este caso declarando la nulidad del primero de los dos decretos de adscripción funcional de personal laboral del Ayuntamiento de Lucena a Servimán, al considerar que dicho decreto constituye una "ficción jurídica sin fundamento legal" en la que el ayuntamiento "abandona el poder de dirección de esos trabajadores municipales para cederlo a una tercera entidad mercantil, distinta e independiente del ayuntamiento", una situación que los populares catalogan como "cesión ilegal de trabajadores". Además la sentencia considera que la decisión se adoptó sin respetar al Comité de Empresa ni pasar como es preceptivo por la Mesa de Negociación".
 
Esta es la segunda sentencia que declara la nulidad del primero de los dos decretos de adscripción funcional de trabajadores municipales a Servimán. La primera afectaba al solo al personal funcionario –cinco de los treinta y ocho empleados transferidos– y aún restará una tercera sentencia sobre el segundo decreto, presumiblemente en los mismos términos.
 
Ranchal se preguntaba esta mañana "¿qué tiene que decir el equipo de gobierno a esto?" y calificaba como "malísima y pésima" la gestión realizada por el concejal responsable de Servimán, Miguel Villa, "pese a las reiteradas ocasiones en las que este grupo avisó de la ilegalidad de la actuación".
 
Ranchal ha recordado que desde septiembre de 2011 el equipo de gobierno acumula sentencias negativas a los intereses municipales en materia de personal, desde el reconocimiento postrero del despido improcedente de un arquitecto técnico y una trabajadora social, hasta los de una docena de trabajadores de las piscinas –alguno recurrido y perdido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y otros pendientes de fallo– pasando por el de un auxiliar de Cultura o un psicólogo que alegó el carácter indefinido de su plaza, ganado también en el TSJA.
 
A ellos podrían sumarse en breve los de las trabajadoras del servicio de guardería temporera de Las Navas, pendientes de fallo.
 
Ranchal se preguntó "qué forma de actuar es esta" y destacó el elevado coste en indemnizaciones y en honorarios de abogados, procuradores y personal municipal de estos errores, que adjudicó directamente al equipo de gobierno.
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