lunes 06.07.2020

Carpetazo final al contrato con Vitalia para el social sanitario (actualizado)

Carpetazo final al contrato con Vitalia para el social sanitario (actualizado)
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Como estaba previsto el pleno del ayuntamiento de Lucena ha cerrado a medio día de hoy el recorrido del contrato suscrito con Vitalia en diciembre de 2011 para que esta empresa se hiciese cargo de la construcción y gestión de la parte social del "Centro Socio Sanitario de Lucena" y con ello buena parte de las expectativas de que el proyecto llegue a convertirse en una realidad algún día.
 
El segundo de los dos puntos que contenía el orden del día de la sesión, convocada con carácter extraordinario, era la proposición de la Alcaldía sobre revocación de la concesión del uso privativo de la parcela con destino a la construcción, gestión y explotación de un centro residencial y de estancias diurnas otorgada a Vitalia Videga, S.L e incautación de la garantía definitiva constituida. 
 
Las gestiones y reuniones mantenidas con Vitalia y la Junta de Andalucía para explorar otras alternativas de gestión propuestas por la empresa –como la transformación de la residencia y centro de día planteados inicialmente en un centro de crónicos– no han ofrecido resultados positivos y desde el punto de vista jurídico se han expresado muchas reservas sobre la posibilidad de modificar el uso principal que estipulaba el contrato, por lo que el siguiente paso había de ser necesariamente el de finalizar el expediente de rescisión del contrato e incautación de la fianza de 120.000 euros depositada por Vitalia, como ya se expuso la pasada semana a la plataforma ciudadana "Lucena por sus necesidades sanitarias" y al Consejo Económico y Social.
 
El punto ha sido aprobado por unanimidad, aunque la opinión de los grupos políticos municipales sobre el asunto no era la misma.
 
Desde la oposición, el portavoz del grupo municipal del Partido Popular, José María Morillo-Velarde, señalaba que la de este proyecto era una muerte anunciada, recordando aquello de que "lo que mal empieza mal acaba". Según Morillo-Velarde, el errático camino de esta infraestructura comenzó cuando la Junta de Andalucía respondió a la masiva manifestación del pueblo de Lucena pidiendo un hospital con el ofrecimiento de un centro social-sanitario y continuo cuando el equipo de gobierno se negó a exigir a la Consejería de Igualdad un instrumento jurídico que la obligase a cumplir los acuerdos de concertación de plazas manifestados verbalmente primero y mediante un carta sin valor legal más tarde. Culpó el popular en primer término a la Junta de Andalucía "que nunca ha tenido la más mínima intención de construir el centro social-sanitario y se ha limitado a entrentener a los ciudadanos por intereses electoralistas" y al equipo de gobierno "por dar cobertura a sus actuaciones". 
 
Desde IUCA, Miguel Villa reconocía sentirse "sonrojado de que a estas alturas la Junta de Andalucía y –en la parte que le corresponde– el Gobierno Central, no hayan sido capaces de dar a este pueblo lo que pedía" y solicitó a cada uno de los partidos políticos la asunción de la parte de responsabilidad que pudiera corresponderles en el desaguisado en el que se ha convertido este proyecto. En similares términos, Carlos Villa, concejal de Servicio Sociales, indicaba que el ayuntamiento se ha sentido "solo" en este procedimiento "terriblemente largo" y junto a la responsabilidad de la Junta apuntó a los recortes impuestos por el gobierno central en materia de dependencia y a la crisis económica del fracaso de la iniciativa, recordando que no solo existe una imposiblidad de concertar nuevas plazas, sino que ni siquiera se están reponiendo las ya existentes en centros como San Juan de Dios, que actualmente cuentan con 12 vacantes.
 
Juan Pérez lanzaba una pregunta "¿qué habría pasado sin recortes?", que se contestó el mismo: "La obra se habría iniciado", para señalar que pedirá a la Junta de Andalucía que sea un responsable de la misma el que explique a los ciudadanos las razones que han abocado este proyecto a tan lamentable final.
 
La pregunta del regidor lucentino tenía respuesta desde los bancos del Partido Popular con la intervención de Manuel Gutiérrez, que preguntó ¿Qué ha pasado para que la Junta no haya hecho nada desde el año 2006 hasta la fecha?.
 
 
FUTURO INCIERTO
Aunque en este momento la prioridad es cerrar el procedimiento administrativo abierto con Vitalia, a nadie escapa que el principal problema que se plantea es el futuro del centro. Todo hace indicar que el ayuntamiento volverá a sacar a licitación el pliego de condiciones, aunque será difícil que alguna empresa opte a su construcción, habida cuenta de las dificultades para conseguir el concierto de plazas con la Junta de Andalucía y de que incluso en los centros públicos existen en estos momentos plazas de residencia disponibles.
 
Tampoco parece demasiado viable la posibilidad de modificar el pliego para que la infraestructura tenga el carácter de centro de enfermos crónicos, ya que la Junta de Andalucía lo contempla como una privatización de servicios que actualmente se prestan desde el ámbito de la sanidad pública y que actualmente tiene cubierta en la red de hospitales públicos, por lo que, pese a sus costes más reducidos, una hipotética adjudicataria tampoco tendría fácil acceder a conciertos públicos.
 
Por otra parte, y hablando ya de la parte sanitaria, la administración autonómica ha dejado muy claro que, de momento, la prioridad es mantener la atención sanitaria básica en el actual panorama general de reducción presupuestaria, por lo que no se contempla la construcción de nuevas infraestructuras, como la prevista en Lucena.
 
Todo ello hace que el consistorio lucentino se encuentre con unos terrenos expropiados en su día para un fin concreto que no parece tener visos de completarse a corto o medio plazo y en el que incluso se ha realizado posteriormente una inversión muy importante para la creación de los accesos, terminados desde hace dos años.
 
Finalmente, hay otro problema planea sobre el ayuntamiento, como reconocen abiertamente miembros del equipo de gobierno. Se trata de la posibilidad de que los antiguos propietarios de los suelos –expropiados de sus tierras mediante el pago de un justiprecio– pidan la reversión de los mismos en su estado original, al no cumplirse el fin social que justificó su expropiación.
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