Sábado 21.09.2019

El PP denuncia la inactividad del gobierno de la Junta sobre el sector del mueble y los incumplimientos con Lucena

El PP denuncia la inactividad del gobierno de la Junta sobre el sector del mueble y los incumplimientos con Lucena
El responsable de economía del Partido Popular de Andalucía, Rafael Carmona, visitó ayer la empresa lucentina Grupo Seys acompañado del Secretario General del PP de Córdoba, Adolfo Molina, de la candidata número tres al Parlamento Andaluz por la Provincia y concejal de Lucena, María de la O Redondo, el Presidente Local del PP, Manolo Gutiérrez y varios concejales del PP lucentino.
 
El acto se enmarca en la campaña electoral para las Elecciones Autonómicas y en el mismo, los representantes del PP denunciaron la insensibilidad que ha mostrado el gobierno andaluz hacia el sector industrial en general y el del mueble en particular. Carmona aseguró que será objetivo irrenunciable de un gobierno popular en la Junta "priorizar el apoyo a la industria andaluza, todavía débil en su aportación al PIB de la comunidad" lo que justifica su presencia en esta empresa lucentina "para saber que opinan, que piensan y reclaman los empresarios".
 
Según Carmona el PP pretende destinar un mayor presupuesto a la internacionalización de las empresas andaluzas, promoverá un plan de industrialización que permita a las empresas de nuestra comunidad tener una mayor dimensión, favoreciendo alianzas estratégicas en cada sector y facilitará una reforma fiscal que rebaje en hasta dos puntos el IRPF para los cuatro primeros tramos y un punto para los siguientes, lo que beneficiará a autónomos y familias. Además, el político popular abogó por la eliminación del impuesto de sucesiones. 
 
Por su parte, María de la O Redondo, que se entrenaba en Lucena tras su designación como candidata al Parlamento Andaluz, destaca en su intervención los sucesivos incumplimientos del gobierno de la Junta con Lucena, destacando la falta de compromiso en temas como la autovía del Olivar, el centro de energías renovables –"entregado en 2010 y del que aún no se sabe cuándo funcionará y quién lo pagara"– el centro social-sanitario –"que ahora ni siquiera cuenta con un plan funcional de servicios"– o el Palacio de Justicia, proyectado desde 2007 y que ya ha costado a la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas 6 años de alquiler y 450.000 euros en proyectos y al ayuntamiento otros 100.000 euros para el traslado desde el Palacio de Santa Ana a su sede actual en unos locales de la calle San Pedro".
 
A ello sumó Redondo el fiasco de las obras de encauzamiento del río Lucena "pendiente de las pasarelas, el paseo fluvial y una parte de las obras proyectadas" y la renuncia del ayuntamiento al centro de transportes y mercancías.

Comentarios