El equipo de gobierno considera que la legalización del área de segunda residencia de Campo de Aras y Cristo Marroquí es la única forma de evitar problemas como el planteado por la denuncia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que pretende cortar definitivamente el suministro de agua a las más de 500 viviendas existentes en esta zona urbanizable, pero no urbanizada. "La solución es desarrollar el PGOU vigente, no hay otra", ha asegurado el edil de Urbanismo, César del Espino, que ha recordado que la planificación urbanística aprobada en 2001 –y aún vigente– ofrecía a estos propietarios la posibilidad de convertir estos suelos en urbanos y contar con servicios públicos, aunque optaron por no hacerlo, añadiendo que esta situación extrema que viven ahora estos vecinos puede repetirse en otras zonas de ciudad, también fuera de ordenación urbanística.
Del Espino ha dado a entender que ese proceso de legalización será "largo", pero el apoyo de los vecinos al mismo puede ser clave para conseguir que la CHG ofrezca una moratoria a la suspensión del servicio de agua.
La aportación municipal a ese proceso sería la creación del Plan Especial de Infraestructuras Lucena Sur, cuya licitación está a punto de ver la luz, y en el que se incluiría la planificación de todas las infraestructuras de agua, suministro eléctrico o telecomunicaciones de la gran bolsa de terrenos que va desde los límites del casco urbano hasta la finalización del Plan Parcial de Campo de Aras, incluyendo no solo estas y otras áreas residenciales hoy ilegales, sino también todos los suelos industriales "desarrollados o por desarrollar" en el entorno de la antigua N331.
Según Del Espino, ese Plan Especial sería "el paso 0" para solucionar el problema de Campo de Aras, al que deberían seguir el proyecto de creación de esas infraestructuras y de las figuras de planeamiento que permitan su desarrollo, la "fase 1", para la que sería necesaria la colaboración económica de los propietarios, porque según el edil lucentino "En España, la ciudad la crea y la paga el propietario del suelo"
APOYO A LOS VECINOS EN UN PROBLEMA "PARTICULAR"
César del Espino ha señalado que el ayuntamiento está dispuesto a "escuchar y acompañar" a los vecinos en sus reivindicaciones ante la Confederación, pero ha recordado que "este no es un problema del consistorio, sino un problema que tienen los vecinos con la CHG y en el que el Ayuntamiento quiere intermediar para poder encontrar una solución". Y es que según César del Espino "los hechos expuestos por la CHG no admiten réplica" desde un punto de vista legal y, a su juicio, existe un aprovechamiento irregular del acuífero de Campo de Aras y de la concesión de la canalización de agua procedente del Nacimiento de Zambra, sin contar con la autorización de este organismo gubernamental existe.
El concejal socialista ha mostrado su esperanza de que "no se llegue al extremo del corte del agua" pero ha querido dejar claro que, de producirse, "no sería el Ayuntamiento quien corte, ya que no es el Ayuntamiento el que suministra, ni el dueño de las redes de distribución, ni el que cobra por este servicio".
En esta línea, y respondiendo a algunos vecinos que alegan que ya pagan impuestos por residir en Campo de Aras, el concejal ha indicado que "el IBI es un impuesto que se paga por tener un edificio o un solar y no da derecho a nada, como tampoco reconoce la legalidad de la construcción, limitándose a gravar la existencia del bien, y esto es así en Lucena y en toda España".
Del Espino ha mostrado en todo momento la mano abierta del conjunto de la corporación local para ayudar a los propietarios "a buscar una solución definitiva", convenido de que "poner las bases de la futura legalidad" de estos suelos puede ser decisivo para frenar la amenaza de la CHG y paralizar el expediente sancionador, aunque ha recordado que "estamos ante un tema particular y han de ser los vecinos quienes lo soliciten, contando con el apoyo del Ayuntamiento".
César del Espino realizaba estas declaraciones tras la reunión de la Junta de Portavoces, en la que el equipo de gobierno ha trasladado al resto de formaciones municipales la situación. Según Del Espino, este "un acuerdo de todos los portavoces en la hoja de ruta" expuesta por el equipo de gobierno.
EL EXPEDIENTE SANCIONADOR
El escrito remitido a la Asociación de Vecinos Crisaras por la CHG informa de la incoación de un "expediente sancionador de aguas" contra este colectivo tras la denuncia formulada en el pasado mes de mayo por el Servicio de Control y Vigilancia del Dominio Público Hidráulico. La denuncia se argumenta en la "explotación" por parte de Crisaras "de una captación de aguas subterránea para abastecer a 500 viviendas, dos bares y varias naves industriales en el perímetro de protección para abastecimiento, así como la derivación de la conducción del Nacimiento de Zambra a su paso por Campoaras, en ambos casos "sin la autorización de la CHG".
Así, este organismo comunica la imputación de una multa de hasta 10.000 euros, "que se inicia con 2.010 euros", comunicando al colectivo vecinal la "obligación de inutilizar en el plazo de un mes las captaciones con material inerte, de tal forma que no quede alterado el flujo subterráneo en el entorno de las mismas".
Además la CHG exige la retirada de "materiales eléctricos, mecánicos o de fábrica" utilizados por la comunidad de vecinos para la extracción del agua y la derivación de la misma a los domicilios, y advierte que la misma será "de ejecución forzosa de no cumplir con dicha obligación en el plazo indicado".
No obstante, el escrito abre un atisbo de esperanza al señalar que estos acuerdos pueden quedar supeditados "a la legalización, si fuese posible, por parte de este organismo".
Lo curioso es que este celo de la CHG llegue ahora, cuando es público y notorio que los vecinos de Campoaras y Cristo Marroquí han venido surtiéndose de este manantial desde hace décadas y que el propio ayuntamiento accedió hace algunos años a ampliar la cantidad de agua que venían distribuyendo consciente de las necesidades de una zona residencial que no ha dejado de crecer pese a seguir estando fuera de ordenación, toda vez que no se han concretado ninguno de los tres planes parciales previstos desde 2001 en el Plan General de Ordenación Urbana de Lucena para proceder a la legalización de los terrenos y las viviendas ya edificadas.
