Miércoles 08.04.2020
Lucena Hoy

JUNTA DE ANDALUCÍA

La Consejería de Igualdad destina 88.806 euros a familias con menores en riesgo de exclusión de nuestra ciudad

Centro Municipal de Servicios Sociales
Centro Municipal de Servicios Sociales
La Consejería de Igualdad destina 88.806 euros a familias con menores en riesgo de exclusión de nuestra ciudad

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación distribuirá más de 13,7 millones de euros (13.720.602 euros) entre las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes para la financiación de los equipos de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección. En concreto, a la provincia de Córdoba le corresponden 1.332.090 euros, distribuidos entre la Diputación de Córdoba y el ayuntamiento de Córdoba –ambos con una partida de 355.224 euros– y los municipios de Baena, Cabra, Lucena, Montilla, Puente Genil, Palma del Río y Priego de Córdoba, que percibirán 88.806 euros en cada caso.

Esta cuantía cubrirá el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2020 y el 30 de abril de 2021, según establece la Orden que publica hoy el Boletín oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)

Este programa tiene como objetivo proporcionar a las familias con menores en situación de riesgo o desprotección, un tratamiento específico e integrador que permita la adquisición de pautas rehabilitadoras que compensen la situación que pueda afectar directa o indirectamente al bienestar de los menores.

Se trata de preservar los derechos de los niños y niñas, promoviendo su desarrollo integral en su medio familiar; y posibilitar su retorno a la familia de origen en aquellos casos en los que, tras la adopción de una medida de protección, se contemple la reunificación familiar como la alternativa prioritaria y más adecuada para los y las menores.

En la actualidad, estos equipos para el tratamiento a familias están integrados por 462 técnicos y 92 coordinadoras que actúan en 84 municipios de más de 20.000 habitantes y en las 8 diputaciones provinciales con el objetivo de mejorar las condiciones de las familias en situación de riesgo social, de manera que puedan ejercer adecuadamente sus funciones parentales y evitar la separación de padres, madres, hijos e hijas.