Los concejales de Izquierda Unida Miguel Villa y Carlos Villa han efectuado una desaprobación global de la gestión y actitud del equipo de gobierno. Una postura que argumentan al aseverar que el alcalde Juan Pérez y sus concejales "van a la deriva y no tienen rumbo político". Los dos miembros del grupo municipal de IU han acusado a los socialistas de incurrir en "incumplimientos" reiterados de los acuerdos plenarios de otros órganos colegiados, lo que tachan de "falta de respeto" a la oposición, así como de "ilegalidades". Con todo ello, Izquierda Unida ha exigido al primer edil "una remodelación" de su equipo. En caso contrario, aunque han preferido eludir la señalización de plazo alguno, explorarían la utilización de diversas herramientas políticas como la reprobación, la moción de confianza o, incluso, la moción de censura. Aparte de ello, y como primera medida si Pérez no atiende a los requerimientos de Izquierda Unida, considerarían cancelado el acuerdo de investidura en virtud del cual Juan Pérez fue elegido alcalde en junio del 2015.
Carlos Villa apuntaba que la intención de su formación era haber "debatido" con el equipo de gobierno, "determinados aspectos de su gestión que evidencian discrecionalidad" en la última sesión plenaria ordinaria, celebrada el pasado martes. Sin embargo, "el alargamiento de la convocatoria" y la circunstancia de que "alguien quiso estar expuesto mediáticamente más tiempo de la cuenta", refiriéndose implícitamente a Vicente Dalda, impidió que IU, por ejemplo, reprochara a Pérez y sus concejales "que la ejecución del presupuesto esté alejada de las previsiones aprobadas".
"La gota que colmó el vaso", para IU, ha correspondido a la tramitación de la adjudicación del servicio de ayuda a domicilio, finalmente concedido a Servisar Servicios Sociales. "La gestión ha sido nefasta", indicaba Carlos Villa, al tiempo que subrayaba que "la concejala –Teresa Alonso- no asume responsabilidades y trata de echar balones fuera y decir que la oposición no solo tiene parte, sino la gran parte de la culpa". Finalmente, expresaba, literalmente, "que el equipo de gobierno se pasa por el forro de sus caprichos" determinados consensos adoptados en el Pleno y otros organismos. "O no se ejecutan o se ejecutan alterando totalmente lo aprobado", remató.
Seguidamente, Miguel Villa, prosiguió censurando el comportamiento del equipo de gobierno –abundó en casos concretos- y reclamando soluciones encaminadas a modificar la conducta del PSOE. "Se han tirado al monte y han decidido prescindir en varios casos del consenso político al que llegamos en asuntos que, a veces, resulta muy complicado alcanzarlo". Villa insistía en sostener que Juan Pérez y sus delegados "se apartan de procedimientos esenciales en el ámbito jurídico y se lo pasan por el forro de la chaqueta (sic)".
En síntesis, Villa Luque resumía la visión de Izquierda Unida al mantener que el equipo de gobierno "está completamente desorganizado, la desorganización es clara, manifiesta y rotunda" y se quejaba de que "no hay manera alguna de que asuman responsabilidades".
Como consecuencia de lo anterior, se dirigía a Juan Pérez para solicitarle la asunción de culpas "por el incumplimiento fehaciente de los acuerdos a los que se comprometió con Izquierda Unida" en los días previos a la sesión de investidura de este mandato corporativo. Y, finalmente, reclamaba "una remodelación y una reorganización del equipo de gobierno".
Desde Izquierda Unida se apunta directamente, como áreas en las que es perentoria una reestructuración, a las delegaciones de Servicios Sociales y Personal –de la que está responsabilizada Teresa Alonso-; Hacienda –encabezada por Araceli Bergillos-; Turismo, Cultura y Deporte –las tres fundidas en la persona de Manuel Lara Cantizani-; y Urbanismo –asignada a José Cantizani Bujalance-.
En caso de que el alcalde Juan Pérez obviase la petición de Izquierda Unida, esta fuerza política anularía, en sede plenaria, si así lo respaldase la asamblea local, "la confianza que dimos al alcalde en la investidura". Esta determinación conllevaría que IU cesaría en su obligación a desarrollar los acuerdos reflejados en el documento que ambos partidos suscribieron y, además, abandonarían "cualquier confianza en la gestión y dirección de la alcaldía". Como segunda fase en el plan esgrimido por IU, "se abriría la puerta a una reprobación, moción de confianza o una moción de censura, a sabiendas de que se podría perder". En estos últimos escenarios, Izquierda Unida se dispone a negociar "libremente" con cualquier grupo de la corporación.
Tanto Miguel Villa como Carlos Villa usaron como ejemplo meridiano de "la verdadera incapacidad para gobernar" del PSOE la licitación y adjudicación del servicio de ayuda a domicilio, valorado en 9 millones de euros, el contrato de mayor cuantía de la Administración Local.
Otras cuestiones citadas por Izquierda Unida para demostrar y justificar sus recriminaciones al equipo de gobierno son la inexistencia de un reglamento para el funcionamiento de la Casa de los Mora, "un año después de que la oposición lo obligara a ello"; el retraso en la concesión de ayudas a la accesibilidad para los pequeños comercios; la demora en ejecutar el acuerdo adoptado "por unanimidad" a fin de igualar el salario de los trabajadores de Suvilusa a otros empleados municipales; la variación en el proyecto inicial, "consensuado y rubricado con unanimidad absoluta", del Monumento al Santero, mediando "la destitución de la arquitecta municipal, a través de un decreto, y su sustitución por el responsable de Eficiencia Energética, el aumento del precio y "la rotura de la garantía de la plaza recién remodelada al no haber informado al constructor de la misma"; y la inobservancia del compromiso para construir infraestructuras deportivas en la zona del Oeste-1, otro acuerdo que figuraba en el documento firmado entre IU y el PSOE para la investidura de Juan Pérez.
Frente a ello, Carlos Villa y Miguel Villa lamentaron que en otras situaciones prima "el amiguismo" y se prestan favores "a la camarilla cercana del equipo de gobierno", como ha ocurrido con la subvención de 6.000 euros asignada a la Peña El Santero, asociación a la que, sin mencionarla expresamente, recibieron ambos. "En 48 horas –entre el 21 y el 23 de febrero- aprobaron arbitrariamente entregar 6.000 euros del presupuesto total de 9.000, cantidad a la que ascendía la proposición de este colectivo". En cambio, "cuando llega una persona a pedir una ayuda social puede tener un trámite mínimo de 15 días o un mes para que se le asista en sus necesidades básicas". Izquierda Unida ha registrado un escrito pidiendo la nulidad de pleno derecho de este acto administrativo. Finalmente, se opusieron a que el equipo de gobierno "se ahorre" 800.000 euros del presupuesto para amortizar deuda pública mientras "deja de prestar servicios básicos a los ciudadanos como pagar necesidades de empleo, agua, luz o cumplimentar el dinero prometido al Comedor Social o a Acuarela de Barrios".
