Miércoles 08.04.2020

La política de personal del cogobierno centró un duro debate plenario

La política de personal del cogobierno centró un duro debate plenario
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El debate sobre la política de personal del equipo de gobierno y las circunstancias que han rodeado los dos primeros despidos de la legislatura se convirtieron en el asunto más controvertido de la sesión plenaria de ayer.

La presencia de una treintena de trabajadores municipales en el patio de butacas contribuyó a dejar claro que los temas de personal no sólo preocupan al cogobierno y la oposición, sino también a los sindicatos y que este asunto puede convertirse, si no lo es ya, en una importante fuente de crispación.

Otro ejemplo claro de esa tensión creciente es el hecho de que el propio equipo de gobierno haya solicitado a los responsables provinciales de CCOO y USO una reunión, que se está celebrando hoy en Córdoba, con la que se intenta limar asperezas ante lo que parece la evidencia de que las posturas están muy distantes con las secciones de estos sindicatos en el ayuntamiento.
 
Ayer, el concejal del PP, Julián Ranchal, criticó duramente la forma en que han sido despedidas dos trabajadoras municipales, y siguiendo la línea expresada unos días antes por USO, acusó a Carlos Villa y Miguel Villa –responsables de las delegaciones a las que pertenecían– de intentar engañarlas con un finiquito muy por debajo de la cantidad a la que tenían derecho y de utilizar una fórmula de despido que después hubo de ser rectificada por el propio alcalde, para concluir diciendo que “no son formas de tratar a unos trabajadores” y pedir que estos temas sean puestos en conocimiento del PP y los sindicatos.

Además, Ranchal acusó a Miguel Villa de “prepotencia” en relación con los dos decretos de adscripción de personal municipal a Servimán, aseguró que dichos trabajadores están realizando trabajos diferentes a los encomendados por sus contratos y volvió a insistir en que los decretos son ilegales, pidiendo una rápida resolución de las alegaciones formuladas por trabajadores y sindicatos y lamentando que el equipo de gobierno haya declinado pedir una segunda opinión jurídica a los profesionales de la Diputación Provincial, como propuso el PP.
 
En respuesta a Julián Ranchal, el concejal de Servicios Sociales, Carlos Villa, dijo que el PP “no tiene el más mínimo interés por los trabajadores despedidos”. Miguel Villa fue más allá y recriminó a Ranchal “a usted esos trabajadores le importan un pimiento”.

Carlos Villa quiso dejar claro que la decisión de llevar a cabo esos dos despidos fue tomada por todo el equipo de gobierno y no por los concejales de IUCA, tras muchas reuniones y aseguró que si el despido no se hizo desde un inicio por causas objetivas, y por tanto, con la consideración de improcedente y el pago de la indemnización finalmente pactada, no fue por deseo de los concejales, sino por prescripción técnica del graduado social del ayuntamiento, que indicó cual era el trámite a seguir. Posteriormente, dijo Villa, el informe de los servicios jurídicos nos dio la razón, y se rectificó mediante un decreto de Alcaldía. Carlos Villa dijo “yo no he despedido a nadie, se han cesado dos contratos porque la situación es preocupante” y añadió que “todos los ayuntamientos –del PSOE, del PP y de IU– se están viendo a despedir personal por este motivo”, para concluir indicando que “a mi me ha costado igual que a usted firmar esos despidos, pero hemos tenido que actuar con responsabilidad”.
 
Miguel Villa acusó a Ranchal de hacer demagogia política con este tema y de buscar “su minuto de gloria” a costa de estas personas despedidas y le pidió “que se informe” antes de hablar. En la polémica terció también el concejal de Hacienda, José Cantizani, que indicó que los trabajadores despedidos tenían un contrato indefinido pero no tenían plaza”, y que “los servicios se siguen prestando con el personal restante y no hay ningún técnico que diga que esos puestos eran imprescindibles”. Cantizani añadió que “no podemos garantizar que no se vayan a producir más despidos, las decisiones que haya que tomar se tomarán, no hay nadie ‘señalado’ pero si es necesario habrá que hacerlo”.
 
Sobre los decretos de adscripción funcional de personal a Servimán, Cantizani dijo que “hasta que no se resuelvan los recursos presentados no nos vamos a manifestar públicamente sobre ese tema”.
Si quedó claro que el equipo de gobierno no ha aceptado la petición del PP de solicitar un nuevo informe jurídico a la Diputación. Miguel Villa recordó que todas las decisiones adoptadas “han contado con la debida información de los servicios jurídicos municipales”.
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