lunes 06.07.2020

Pleno municipal: Dos modificaciones de crédito y una bronca

Pleno municipal: Dos modificaciones de crédito y una bronca
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86.628 euros será la cantidad que finamente deba pagar el consistorio lucentino a los propietarios de las dos parcelas expropiadas para la construcción del centro social-sanitario de Lucena en cumplimiento de la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que declaraba irregular la forma en la que se llevó a cabo la expropiación de los suelos destinados al centro sociosanitario llevada a cabo por el Ayuntamiento de Lucena le costará a las arcas municipales con los que habrá que indemnizar a los propietarios de las dos fincas que el Consistorio expropió.
 
El TSJA condenó al consistorio al pago de una indemnización del 25% del justiprecio fijado para la expropiación de los suelos y los correspondientes intereses. Esta cantidad se sumará a los casi 300.000 euros pagados en su día por el consistorio por estos terrenos. 
 
Para hacer frente a este pago no previsto en los presupuestos municipales, el pleno municipal aprobó hoy una primera modificación de crédito por valor de 130.531 euros, con cargo a la garantía intervenida a una empresa por el incumplimiento de un contrato durante la contratación de las obras.
 
En esa partida se incluyen también el pago de 37.597 euros por la ampliación de las actuaciones previstas en el marco del Plan PROFEA 2013 y otros 6.305 euros para el incremento de la partida de Obras.
 
 
BRONCA A CUENTA DE LOS CONTRATOS DE EMERGENCIA SOCIAL
La segunda modificación de créditos sobre el presupuesto municipal vigente parecía de trámite, al llegar al pleno aprobada en comisión de Hacienda por unanimidad, pero no fue así.
 
Se trataba de transferir 23.743 euros desde el ayuntamiento a Servimán para que sea la empresa municipal la que realice algunos contratos de emergencia social que se venían realizando desde el consistorio para, posteriormente transferir el personal contratado a la empresa. Las recientes sentencias contrarias a los decretos de adscripción funcional de personal municipal a Servimán desaconsejaban según los servicio jurídicos seguir con esta práctica.
 
Sin embargo el concejal del PP, José María Morillo-Velarde, manifestaba las dudas de su partido sobre la legalidad de que Servimán realice este tipo de contratos y pedía un informe jurídico sobre este tema, ampliando sus dudas a la modalidad de contrato elegida e incluso a la forma en que Servimán realizará la selección de personal, que en el caso del ayuntamiento realiza Servicios Sociales, dado el carácter de esta fórmula de contratación, de un máximo de 3 meses de empleo al 60% de la jornada laboral para paliar necesidades ineludibles de familias en riesgo de exclusión social.
 
El concejal de Hacienda indicó que los estatutos de Servimán permiten específicamente la realización de contratos de emergencia social y el de Servicios Sociales, Carlos Villa, ratificó que su personal seguirá determinando en base a criterios sociales quiénes pueden acceder a los mismos, como hasta ahora, pese  a lo cual el PP mantuvo sus dudas.
 
Cantizani, terminó recriminando al PP el cambio de voto, y el portavoz de esta formación, José María Morillo-Velarde, señalando que "sus nueve concejales" pueden cambiar de posición cuando lo deseen.
 
El asunto quedó aprobado con los "nueve concejales" del PSOE y los "tres concejales de IUCA, que suman doce y mayoría absoluta", en palabras de Miguel Villa.

 

 
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