Soledad Pérez Rodríguez, portavoz de la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales en el Parlamento de Andalucía, ha realizado en la mañana de este viernes una visita a Lucena para exponer las modificaciones que comportará la aplicación de la nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía. Actualmente solo se conoce el anteproyecto de la misma y la parlamentaria autonómica apuntó que la aprobación podría producirse a final de año. En todo caso, dijo que supone "un cambio radical" porque atribuye "un nuevo derecho a la ciudadanía". Una vez validada, se establecerá un período de doce meses para ajustar esta normativa.
En su exposición, junto a la edil de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Lucena, Teresa Alonso; y al regidor, Juan Pérez, la política socialista manifestaba que la ley en cuestión "viene a sustituir a otra que ya tiene 28 años". Soledad Pérez justificó la reforma porque "hasta ahora una persona llega a un ayuntamiento y no sabe realmente si va a disponer o no de una prestación".
Con esta ley, que transforma en derecho la atención social, "se pretende unificar criterios y que en toda Andalucía cualquier persona sea evaluable de la misma manera que otra".
Además, los trabajadores sociales comunitarios, con los que hoy se reunió Soledad Pérez, sabrán "cómo se valora el riesgo, la atención, a qué tiene derecho cada persona y qué prestaciones se le pueden garantizar". Algunas de ellas las seguirán gestionando las Administraciones Locales y otras las asume la Junta de Andalucía.
Soledad Pérez, ponente de la Ley, dijo que "el gran riesgo" que existía hasta hace un mes lo eliminó una sentencia del Tribunal Constitucional que devuelve a las comunidades autónomas la capacidad de decisión sobre las competencias que se ceden a los Ayuntamientos, en materia de servicios sociales. Este pronunciamiento del TC se pronunciaba sobre aspectos de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. De tal modo, los Consistorios, a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, "dirán exactamente qué recursos y competencias quieren tener para negociar con la Junta".
La Ley también dispone la creación de "una única historia social por persona y familia". Así, los empleados de Servicios Sociales "prescribirán qué recursos necesita cada persona". Por otro lado, Soledad Pérez, destacó de esta iniciativa, "la transparencia; el baremo de los recursos para los Ayuntamientos, según la población, los datos de desempleo, el número de menores o inmigrantes, la situación económica o la cifra de personas mayores de 65 años; la eliminación de burocracia, y la simplificación del procedimiento administrativo".
Juan Pérez, alcalde de Lucena, sostuvo que "lo importante es recoger inquietudes y sugerencias de los trabajadores, en esta ronda de contactos que se está desarrollando por todos los lugares de la geografía andaluza". Y la edil Teresa Alonso añadió que, en estos momentos, se ejecuta "un proyecto piloto en un municipio andaluz" para probar "una aplicación informática para conseguir uniformidad de la información a través de los diferentes servicios sociales comunitarios" y subrayó la relevancia de lograr "que las prestaciones garantizadas sean un derecho subjetivo".
