jueves 22.10.2020

Los grupos políticos se oponen a la creación de una oficina antidesahucios planteada por Entre [email protected] sí se puede

 

La formación Entre [email protected], sí se puede Lucena propuso en la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación, celebrada este martes, la creación de una oficina antidesahucios o de la vivienda
Los grupos políticos se oponen a la creación de una oficina antidesahucios planteada por Entre [email protected] sí se puede
La formación Entre [email protected], sí se puede Lucena propuso en la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación, celebrada este martes, la creación de una oficina antidesahucios o de la vivienda. Los otros cuatros grupos políticos del Consistorio rechazaron por distintos motivos la iniciativa e incluso se unieron para retirar el punto del orden del día por lo que ni siquiera se procedió al tratamiento. Entre las razones argumentadas para adoptar tal decisión se apuntó que el planteamiento resultaba incompleto y, además, que su contenido ya lo ha asumido el consejo de administración de Suvilusa, órgano que está trabajando en la constitución de un ente similar.

Vicente Dalda, portavoz de Entre [email protected], sí se puede Lucena, empezó su intervención sosteniendo que, actualmente, “un 35% de la población e Lucena se encuentra en riesgo de exclusión social”. Simultáneamente, “existen centenares de viviendas en desuso que acumulan las entidades financieras –rescatadas con dinero público- y sus inmobiliarias”.

A continuación, diseccionó los objetivos y fines de la finalmente denegada oficina antidesahucios. En dicho departamento, se hubiera orientado y asesorado legalmente a ciudadanos. Conjuntamente, estaba previsto elaborar un registro de familias desahuciadas y aquellas que están en peligro de ello.

La moción también respaldaba recoger información reclamaciones y demandas de los ciudadanos afectados; intermediar y gestionar con las entidades financieras; impulsar un programa de medicación de la deuda hipotecaria; ayudar en la búsqueda de vivienda en alquiler social; exigir a las entidades financieras la paralización de los desahucios de vivienda habitual por insolvencia sobrevenida y su implicación, a través de las promociones de viviendas vacías, en la oferta municipal de alquiler social; la formación de un grupo de trabajo en el Ayuntamiento con la presencia de grupos políticos y agentes sociales; valorar la reducción máxima de la cuota tributaria del impuesto de plusvalía para las personas que sufran la pérdida de su vivienda en subasta y para las que logren la dación en pago; y el apoyo a protocolos de actuación de servicios sociales y la colaboración con el objeto de solicitar al juez la suspensión del desahucio cuando sea por motivos económicos.

Seguidamente, Miguel Villa, concejal de IU, defendió la retirada de dicha cuestión atendiendo a que “la propuesta ya está en marcha”. La mencionada oficina “forma parte del compromiso político que se adquirió en esta Corporación en el debate de investidura y el propio gobierno en el Consejo de Administración de Suvilusa ya anunció que estaba en trámite su formación”.

Por su parte, Paco Huertas, en representación del Partido Popular, se sumó a la petición de Villa por tres motivos: “la confusa terminología en la que no se distingue entre desahucios de tipo bancario y otros por alzamiento de finalización de contrato de arrendamiento; la realización por parte de la secretaria de suvilusa del tratamiento a los ciudadanos que se persigue; y las conversaciones que se han tenido con la alcaldía para proponer al Colegio de Abogados que, de forma altruista y periódica, atienda a los ciudadanos que tengan problemas o inquietudes en relación a los préstamos hipotecarios”.

Del mismo modo, Puri Joyera, aunque no instó a la eliminación del punto, finalmente sí la solicitó. “Gran parte del contenido lo está llevando a cabo Servicios Sociales”, señaló y repitió que desde Suvilusa “se está poniendo en marcha un mecanismo de este tipo”. Además, lo calificó de “incompleto” porque el pacto entre Ciudadanos y el PSOE, relativo a la Oficina del Defensor del Ciudadano, contiene las funciones de “atención, asesoramiento, escucha, mediación y orientación” y no tendría coste adicional porque estaría dirigido “por un funcionario de reconocido prestigio”.

Manuel Lara Cantizani, desde el PSOE, explicó su posición “a favor de la retirada” porque “Suvilusa ya está trabajando en crear una oficina de asesoramiento” y también debido a que hay contactos con el presidente de la Diputación de Córdoba y los alcaldes de Córdoba, Puente Gniel y Baena, aparte de con Endes y entidades bancarias, para solucionar diferentes temas correspondientes a estos asuntos.

Para concluir, Dalda reveló que le causa “pánico” que la oficina esgrimida por los demás grupos políticos esté integrada en Suvilusa porque “en el último consejo de administración se trató que dicho organismo desahuciara a tres vecinos a los que se les había concedido una vivienda social por falta de pago, sabiendo además que vivían chiquillos”. El edil de Entre [email protected], sí se puede Lucena precisó que se “opuso tajantamente”.

El alcalde respondió a las palabras de Dalda. “Somos unos de los pocos municipios de Andalucía –a lo mejor los contamos con los dedos de una mano- que contamos con un Plan de Municipal de Vivienda Aprobado”. Juan Pérez elogió “la importante labor de los trabajadores de Suvilusa” e indicó que se mantiene “una estrecha colaboración con las delegaciones territoriales en el asesoramiento judicial para los temas hipotecarios y de desahucios”, al igual que con Stop Desahucios. Por último, cifró en seis –tres en el Zarpazo y tres en el Oeste-1- los inmuebles de los que dispone el Ayuntamiento para reubicar a familias en casos de necesidad.
MANUEL GONZÁLEZ

 

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