El debate sobre a qué se debe o no se debe destinar el dinero que reciben los distintos grupos políticos municipales del Ayuntamiento fue ayer –una vez más– uno de los aspectos que generó más debate en una maratoniana sesión plenaria en la que –agotadas las cinco horas de tiempo disponible– ni siquiera hubo tiempo para el normal desarrollo del turno de ruegos y preguntas pese a la escasa enjundia de los asuntos que figuraban en el orden del día, principalmente daciones de cuentas relativas al cierre del ejercicio económico 2016 y justificaciones de subvenciones concedidas a distintas entidades locales y partidos.
En línea con lo que ha venido siendo habitual durante este mandato corporativo, el concejal no adscrito Vicente Dalda, puso en tela de juicio que el grupo municipal Ciudadanos destinase durante el segundo semestre de 2016 un total de 1.750 euros al pago de la sede de su partido pese a disponer de un local en el propio ayuntamiento, o que el grupo socialista derivase a su partido 6.000 euros de su aportación.
En correspondencia, el resto de grupos municipales se preguntaron si es razonable que Dalda utilizase más de 3.000 euros de la asignación de su extinto grupo municipal a pagar informes jurídicos de despachos de abogados de Madrid y Sevilla para presentar una denuncia contra Juan Pérez ante la Fiscalía General Anticorrupción por una supuesta financiación irregular de pasadas campañas electorales, para pleitear frente a su ex-partido –Andalucía entre tod@s– o contra la decisión administrativa de dejarle como concejal no adscrito a petición de dicha formación, una vez que presentó su renuncia a formar parte de la misma.
Especialmente duro se mostró el regidor lucentino, Juan Pérez, que recordó a Dalda que "aquí nadie le ha echado, (de su partido) se ha ido usted de forma libre y voluntaria, ahora debe asumir las consecuencias". Pérez añadió que "usted no esta de acuerdo con la forma en la que el PSOE justifica su subvención, pero no es ilegal, mientras que usted gasta el 80% de la la suya en plantear demandas a los miembros de su partido". "Quizá usted tenga más culpa que ninguno", concluyó el alcalde de Lucena.
El asunto no es nuevo. La ley deja manga ancha a todo tipo de interpretaciones sobre los gastos que pueden incluirse en esta justificación. Ante la vaguedad de la norma, cada grupo destina el dinero a lo que considera oportuno.
Ayer, la portavoz de Ciudadanos, Purificación Joyera, volvió a poner sobre la mesa su disposición a acordar con el resto qué gastos concretos pueden ser atendidos con estas asignaciones que cada grupo municipal recibe en función de su representación y que, por su naturaleza y por salir de las arcas municipales, deberían ser destinadas a garantizar el funcionamiento interno de cada grupo de concejales y no de sus partidos. Nadie recogió el guante. Dentro de seis meses volveremos a hablar del tema.
