El pleno del Ayuntamiento de Lucena ha aprobado esta mañana con los votos de todas las formaciones políticas a excepción de IU, el pliego de condiciones que regirá el concurso para la selección de la empresa que gestionará la atención a domicilio, así como la prórroga forzosa del servicio con la actual adjudicataria, Servisar Servicios Sociales, hasta tanto se incorpore la nueva empresa, en aras a que no se vea suspendido el servicio, una situación que IU considera ilegal.
El debate sobre ambos puntos no ha estado exento de tensión. Todos los grupos han culpado al equipo de gobierno del retraso con el que se produce la nueva licitación, toda vez que desde el mes de enero era conocida la decisión de Servisar de no renovar el contrato que ha venido prestando durante estos dos años.
La concejal de Servicios Sociales, Teresa Alonso, explicaba que el pliego de condiciones estaba cerrado desde el pasado mes de febrero, pero hubo de ser actualizado tras la entrada en vigor del nuevo Salario Mínimo Interprofesional, lo que ha motivado la dilación en su paso por el pleno. Alonso indicó que el contenido de este concurso público ha sido pactado con el PP, por lo que llegaba a pleno con garantía de salir adelante y es fruto de un trabajo exhaustivo.
Por su parte, Carlos Villa, manifestaba que se trata de un "pliego caótico, con informes duplicados y diferentes precios en cada uno, expedientes incompletos, sin informe técnico y solo recoge una subida del 2,25% que apenas representará 25 euros al mes para los trabajadores a jornada completa, mientras que en el PDM el nuevo contrato proponía una subida salarial del 17%". Además IU argumentó que se elimina como mejora el servicio de fisioterapia.
Francis Aguilar, por el PP, aseguró que el nuevo pliego incrementa las retribuciones de las trabajadoras y establece mejoras laborales como la posibilidad de cobrar desde el primer día de baja el cien por cien de su salario, el acceso a cursos de formación o los permisos retribuidos por asistencia a médico con hijos menores, indicando que "si no ha venido antes al pleno ha sido por el equipo de gobierno".
Más duro fue el debate sobre la prórroga obligada del contrato hasta la resolución del nuevo concurso público.
En este aspecto, Miguel Villa aseguró que la decisión de prorrogar se adopta tras el aval de un informe jurídico que es un "retorcido de la ley mediante un procedimiento de analogía, una aberración jurídica y una chapuza del alcalde y el PSOE con la complicidad, que no responsabilidad, del PP y de Ciudadanos", añadiendo que con esta medida "les toca volver a perder a los trabajadores". Según Villa "hay que tener la cara más dura que el cemento armado para decir que el PSOE ha hecho bien su trabajo". Además el portavoz de IU aseveró que "si no se firma la prórroga las trabajadoras de este servicio pasarían a ser asumidas por el ayuntamiento y el rescate del servicio no incrementaría el coste".
Tanto Ciudadanos, como el PP y el propio equipo de gobierno acusaron a Villa de "llevar la campaña electoral al pleno".
Jesús López indicaba que la prórroga es la opción más responsable, es perfectamente legal y evita una situación de interinidad en el servicio que podría dilatarse durante varios meses habida cuenta de la celebración de elecciones municipales y la próxima constitución de una nueva corporación municipal.
Francis Aguilar (PP) acusaba a IU de hacer "demagogia" ante el nutrido grupo de trabajadoras presentes en el salón de plenos y Teresa Alonso (PSOE) acusaba abiertamente a Miguel Villa de "usar a los trabajadores para hacer campaña, como ya hizo hace cuatro años, cacerola en mano, con los empleados de las piscinas para luego tomar decisiones contrarias a las prometidas". Además Alonso recordó a Villa que de pasar el servicio a ser municipal se pondrían en peligro los puestos de las actuales trabajadoras, que actualmente debes ser asumidas por cada empresa que presta el servicio mediante subrogación de plantilla y que, caso de llevarse a cabo la municipalización habrían de pasar por pruebas selectivas abiertas a otros candidatos/as.
EL CONCURSO
La licitación del servicio de ayuda a domicilio se establece por un periodo de 5 años (periodo inicial del contrato de 2 años más 3 años de prórrogas eventuales a renovar anualmente) con un valor estimado de 17.846.391 euros (3.093.374 euros cada año).
Esta cantidad se ha calculado a un precio de licitación de 13,68 euros (IVA incluido) por hora de servicio prestada en función del número de horas ejecutadas durante el año 2018, en total 226.190 horas, sin que esa cantidad suponga ningún compromiso de prestación de futuro pues dependerá del número de usuarios a los que se les vaya atendiendo.
Esta cifra de licitación base supera la cantidad de 12,5 euros la hora que la Junta de Andalucía paga al Ayuntamiento lucentino para sufragar este servicio, de modo que será el Consistorio quien pague con recursos económicos propios la diferencia que resultara de la contratación, mientras tanto el Gobierno autonómico modifica el precio base.
En la actualidad, el servicio de ayuda a domicilio en Lucena atiende, de media, unos 280 usuarios, dando empleo a 176 personas, con contratos que oscilan entre el 33 y el 100% de la jornada laboral. Todos estos trabajadores se subrogan al nuevo contrato, de modo que la nueva empresa que resulte adjudicataria asume los derechos y obligaciones actuales.
