El PP niega que por ahora haya "consenso" sobre el servicio de ayuda a domicilio y duda que el pliego pueda aprobarse en junio

Para Aguilar "no es que el PP se haya sumado al acuerdo, sino que la base sobre la que se está trabajando vuelve a ser la que siempre ha defendido el PP, apostando por la existencia de una cláusula que valore la apuesta voluntaria de las empresas por la mejora salarial de la plantilla".

09 de Junio de 2020
 Francis Aguilar, portavoz del PP, durante la rueda de prensa
Francis Aguilar, portavoz del PP, durante la rueda de prensa

El PP de Lucena ha matizado las declaraciones realizadas ayer por la edil de Servicios Sociales, Carmen Gallardo, que afirmó la existencia de un "consenso" entre todos los grupos –salvo IUCA– sobre el nuevo pliego para la licitación del concurso del servicio de ayuda a domicilio.

El portavoz popular, Francis Aguilar, ha mostrado "sorpresa" por estas manifestaciones, indicando que "no hemos hablado de unanimidad ni de consenso, solo hemos mantenido reuniones de trabajo para conseguir sacar adelante el nuevo pliego", con cuyo estudio de costes salariales se han mostrado radicalmente en contra, al entender que no responde a la realidad del servicio.

El portavoz popular indicó que "seguimos defendiendo la incorporación en el pliego de una cláusula de mejora salarial pese a la existencia de informes de los servicios jurídicos municipales en contra, que respetamos pero no compartimos, ya que en otros lugares de España y en otros servicios municipales este criterio tiene cabida, dado que se trata de una decisión voluntaria, que no obliga a ninguna empresa".

Para los populares, el PSOE ha hecho un camino de ida y vuelta sobre la incorporación de esta cláusula, incluyéndola en el pliego inicial tras el trabajo por parte de todos los grupos, retirándola después buscando el apoyo exclusivo de Ciudadanos para su aprobación en pleno pese a contar con sendos informes negativos de Secretaría e Intervención y volviendo sobre ella ahora.

Para Aguilar "no es que el PP se haya sumado al acuerdo, sino que la base sobre la que se está trabajando vuelve a ser la que siempre ha defendido el PP, apostando por la existencia de una cláusula que valore la apuesta voluntaria de las empresas por la mejora salarial de la plantilla". "Vamos a seguir en esa misma defensa de este criterio, cosa en la que también creía el PSOE hasta diciembre, después no y ahora vuelve a creer", apuntó el portavoz popular.

Francis Aguilar indicó que su partido también ha propuesto otras vías de acuerdo como la consecución de un convenio colectivo que vincularía a futuras empresas,  sentando a negociar a ayuntamiento, comité de empresa y patronal, posibilidad que finalmente no ha sido aceptada por la empresa; o la contratación de un servicio externo de consultoría especializada en procesos de contratación pública "que nos asesore en la redacción del pliego y nos defienda en un caso hipotético de impugnación del mismo", alternativa que cuenta con el beneplácito de los distintos grupos municipales. Por todo ello, el edil popular mostró serias dudas sobre la posibilidad de que el nuevo pliego pueda llegar a pleno durante el presente mes de junio.

También han sugerido desde el PP la posibilidad de que se caigan del pliego la prestación por parte de la empresa adjudicataria de servicios complementarios como podología, psicología o fisioterapia, para minorar los gastos que debe soportar la adjudicataria y que esas cantidades puedan redundar en la mejora de las condiciones salariales de la plantilla, a la que también se sumaría el 2,5 por ciento de incremento del precio del contrato que pretende aportar el ayuntamiento –unos 200.000 euros adicionales–.

Finalmente los populares han anunciado que llevarán al próximo pleno una moción instando a la Junta de Andalucía a incrementar el precio/hora con el que subvenciona el servicio que prestan los ayuntamientos, establecido en 13 euros desde hace una década, una cantidad con la que las empresas "no llegan ni siquiera a cubrir los costes del servicio" por lo que muchas de estas firmas están procediendo a la impugnación de numerosos concursos como medida de presión.

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