El pleno municipal aprobaba este martes con los votos del PSOE e IU una moción presentada por la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres, que insta a desarrollar durante el mes de noviembre una serie de actividades para conmemorar el 25N, con el objetivo de dar mayor visibilidad a la posición del Ayuntamiento de Lucena respecto a esta lacra social.
PSOE e IU votaban a favor de la moción, C's se decantaba por la abstención por considerar "extremistas algunas de las afirmaciones del texto" y entender que la práctica totalidad de las propuestas ya se vienen ejecutando en Lucena".
En similares términos se expresaba el PP, que votó en contra alegando que parte de la exposición de motivos de la moción se basa en datos falsos "e incluso daña la lucha contra la violencia de género", según expuso Rosario Valverde. También rechazó la moción VOX , indicando su portavoz que parte de su contenido supone "una modificación" de preceptos del código civil y que su grupo aboga "por una ley de 'violencia interfamiliar' que incluya a mujeres, mayores, niños y hombres".
Las intervenciones de la oposición fueron contestadas por la edil de Igualdad, Carmen Gallardo. "No me sorprenden los argumentos de PP, Ciudadanos y Vox, ya que vienen de una posición común en la Junta de Andalucía sobre este tema", manifestó la edil socialista, mientras que Miguel Villa, por IU, aseguraba que "la derecha se retrata", añadiendo que las razones esgrimidas por PP y Ciudadanos para no aprobar la moción son "excusas y remilgos de partidos que dependen de la ultraderecha para gobernar en Andalucía".
Entre otras actividades propuestas, se recoge la colocación en el ayuntamiento de banderas y pancartas contra la violencia a las mujeres, la celebración de un paro de cinco minutos en la puerta del Ayuntamiento el 25N, el apoyo a los colectivos de mujeres para desplazarse gratuitamente a Córdoba para participar en la manifestación que se llevará a cabo el día 24 de noviembre o la realización de campañas de concienciación contra la violencia machista en los centros educativos o la prioridad a las victimas de violencia de género para acceder a las viviendas de protección oficial como contempla el Pacto de Estado y la ley Integral.
