martes 27.10.2020

AYUDA A DOMICILIO

PSOE y PP respaldan una nueva prórroga del contrato de ayuda a domicilio con CLECE hasta que se produzca una nueva adjudicación

La prórroga actual finaliza el día 28 y de este contrato depende la prestación del servicio de ayuda a domiclio a 420 usuarios y el trabajo de 173 empleados. IUCA y Ciudadanos manifestaron dudas sobre la legalidad del acuerdo, que avala un informe del Secretario.

Asistente de ayuda a domicilio. Archivo
Asistente de ayuda a domicilio. Archivo
PSOE y PP respaldan una nueva prórroga del contrato de ayuda a domicilio con CLECE hasta que se produzca una nueva adjudicación

El pleno debatió y aprobó ayer –con los votos favorables del PSOE y PP– una nueva prórroga del contrato que el ayuntamiento ha venido manteniendo con la empresa CLECE durante los últimos cuatro años y medio –incluida la actual prórroga de seis meses, que concluirá el 28 de marzo–.

La nueva ampliación del contrato con CLECE –en las mismas condiciones que se ha venido manteniendo hasta ahora– no establece un plazo concreto de tiempo de prestación del servicio, y se limita a emplazarlo "hasta que el Ayuntamiento y la empresa que resulte adjudicataria en el procedimiento de contratación, actualmente en trámite, formalicen el nuevo contrato y ésta inicie la prestación del servicio". Así, el equipo de gobierno y el resto de grupos dispondrán de un tiempo adicional para resolver la compleja resolución de este proceso de adjudicación.

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

Como es sabido, la mesa de contratación, de acuerdo con las bases, determinó la adjudicación del servicio de ayuda a domicilio a Ineprodes, resultando fundamental para la adopción de esa decisión el precio ofrecido por la firma egabrense. Sin embargo, el escaso margen comercial que obtendría la empresa levantó entre los grupos de la oposición la sospecha de que esta pudiese tener problemas para prestar el servicio e incluso las alegaciones de alguna de las restantes licitadoras. Así las cosas, se solicitaron a Ineprodes una serie de informes sobre la viabilidad económica de su propuesta, que la empresa se negó a aportar, argumentando que no eran exigibles, toda vez que su proposición económica no había incurrido en baja temeraria. Formulada propuesta de contratación por parte de la edil de Servicios Sociales, Teresa Alonso, surgieron nuevas dudas, esta vez sobre la posibilidad de que parte de la información facilitada por la mercantil en el procedimiento administrativo no fuese veraz, lo que ha detenido nuevamente el procedimiento.

Dado que la prórroga actual finaliza el día 28 y que de este contrato depende la prestación del servicio de ayuda a domicilio a 420 usuarios y el trabajo de 173 empleados, el equipo de gobierno considera que acceder a una nueva prórroga es la opción más adecuada. Un informe del Secretario Municipal avala esa tesis.

DUDAS DE LEGALIDAD

Pese a todo, el portavoz de IUCA, Miguel Villa, mantuvo ayer en el pleno que, a su juicio, la actual prórroga no se puede ampliar. Aseguró Miguel Villa que la decisión aprobada por PSOE y PP "no tiene sostén legal alguno" y su argumentación jurídica se basa en la "analogía" con otro tipo de contrataciones "sin citar un solo artículo de la ley y recurriendo incluso a normativas derogadas, para decir que el contrato admite una nueva prórroga con carácter excepcional". Según el portavoz de IUCA esta situación revela la "incapacidad de gestión y la negligencia del equipo de gobierno, que ha dispuesto de dos años de contrato, dos más de prórroga prevista en el mismo y seis meses de una segunda prórroga para contratar el servicio y ahora pretende que se prorrogue sine die, sin fecha".

También expresó sus dudas sobre la propuesta aprobada la edil de Ciudadanos, Purificación Joyera, que acusó al PSOE de "falta de previsión", e indicó que su grupo no votaba en contra "basándonos en el informe del Secretario, que permite hacerlo, y en la obligación de la administración pública a garantizar los servicios básicos". "Si no hay prórroga no hay servicio", indicó Joyera, que finalmente se abstuvo.

Tanto Rosario Valverde (PP) como la edil de Servicios Sociales, Teresa Alonso (PSOE) mantuvieron la validez jurídica de esta nueva ampliación del contrato con CLECE que garantiza el mantenimiento del servicio y otorga un poco más de tiempo para resolver la compleja adjudicación de este nuevo contrato, el más elevado en cuantía de cuantos saca a concurso el consistorio lucentino.