La actual situación política, polarizada al extremo por el conflicto territorial en Cataluña, está tapando situaciones que, en cualquier democracia al uso, serian insoportables.
Sin ir más lejos el jefe policial al frente de la investigación del caso Gurtel declaró hace unos días en el seno de la comisión de investigación del Congreso que, "indiciariamente", toda la cúpula del PP cobró "en negro" con dinero procedente de las comisiones que el PP conseguía a cambio de adjudicar obra pública, señalando directamente a su jefe.
Es más, y son palabras del citado jefe policial, "la estructura del Partido Popular responde, indiciariamente, al perfil de una organización delictiva, comentado que tal organización tenía como fin parasitar las estructuras del estado".
Vemos como aprovechando el conflicto territorial los próceres de la derecha, envueltos en la bandera, claman por el cumplimiento de las normas legales obviando que ellos han sido los primeros en incumplirlas en un asunto de cartera que no de bandera.
Tal situación, inimaginable en los países de nuestro entorno, nos lleva a que al frente del gobierno del estado haya alguien de quien la policía sospecha, con visos de verosimilitud, que ha defraudado a la hacienda pública ocultando unos cobros dinerarios que además provenían de un dinero obtenido ilegalmente.
La justicia tendrá la última palabra sobre el asunto y sobre si es posible probar o no lo que indiciariamente se apunta, pero no se trata de asunto penal sino político. Una vez más comprobamos como la "cuestión catalana" es utilizada por la derecha como un espeso telón para tapar sus vergüenzas y obtener ventaja política.
Juan M. Roldán
