UGT también crítica el pliego de la ayuda a domicilio de Lucena y asegura que el ayuntamiento "subasta"el servicio

14 de Agosto de 2020

"El Ayuntamiento de Lucena subasta la Ayuda a Domicilio". Así califica UGT la licitación de este servicio esencial por parte del consistorio lucentino –actualmente en suspenso a la espera de la decisión del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Andalucía sobre el recurso de la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio–

UGT lamenta que las ofertas o empresas que se presenten serán valoradas únicamente en función de criterios de adjudicación estimados a través de fórmulas matemáticas –con hasta 100 puntos– sin que se exija la presentación de proyectos que valoren su capacidad de ejecución, organización y conocimiento del sector.

Además, aunque el sindicato reconoce que la prestación del servicio sale publicada con un precio de 14,35 euros por hora –16,39 euros en domingos y festivos, IVA incluido– que es superior a lo licitado por otros ayuntamientos de la provincia, dichos precios "están aún por debajo de los costes salariales reales".

Según UGT, la fórmula para conseguir este contrato –34 puntos por la realización de servicios complementarios y profesionales, 25 para la oferta económica, 12 por proporcionar grúas ortopédicas eléctricas, otros 12 por ofertar camas articuladas, 9 puntos por incrementar el salario en un 2,5% y 8 puntos por actividades formativas fuera de la jornada laboral– "se basa en el engaño y la contradicción, pues no es comprensible que se puntúe la oferta más barata con hasta 25 puntos y, al mismo tiempo, se den 9 puntos por subir los salarios un 2,5%.

"De esta forma, si se puntúa la bajada del precio hora ofertado, que ya no cumple con los costes reales del servicio– ninguna empresa podrá afrontar la subida del 2,5 % de los salarios, por lo que estamos ante la subasta al mejor precio de los servicios públicos, dejando nuevamente en precario a las trabajadores de este servicio esencial", afirma el sindicato, que acusa "a los políticos de los ayuntamientos de la provincia" de "mirar para otro lado, condenando a la precariedad al mayor grupo de trabajadoras que dependen indirectamente de los entes locales".

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