Sábado 07.12.2019

El pleno regula la instalación de terrazas o barras en vía pública

El pleno regula la instalación de terrazas o barras en vía pública
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El pleno del ayuntamiento de Lucena aprobó en la noche de ayer la nueva ordenanza que regulará los usos y ocupaciones del dominio público y que, entre otros aspectos, determina la autorización y condicionantes para la instalalación de terrazas o barras de bar en la vía pública.

Según el concejal de Hacienda, José Cantizani, la nueva ordenanza viene motivada por el elevado número de peticiones de terrazas que recibe el ayuntamiento y la necesidad de regular su instalación para preservar el dominio público, garantizar la seguridad e integridad de peatones y usuarios y unificar su aspecto "para que no haya en pleno casco histórico terrazas con mesas y sillas verdes, rojas o amarillas". Así, se prohiben aquellas terrazas que supongan una alteración de la visión de espacios monumentales de especial interés histórico o monumental y se limita su instalación en calles peatonales o demasiado estrechas.

Además, la nueva ordenanza regula aspectos como la instalación de barras en la vía pública con motivo de Cruces de Mayo o cualquier otro fin. Respecto a las primeras, se indica que en el centro de la ciudad sólo será posible su instalación en el paseo del Coso y durante dos únicos fines de semana a lo largo del mes de mayo. Las organizadas por asociaciones de vecinos en sus barrios podrán llevarse a cabo en cualquier momento.

El PP votó en contra de la ordenanza, que a juicio de su portavoz, Julián Ranchal, "afixia a los establecimientos hosteleros en un momento especialmente crítico como consecuencia de la crisis". Según Ranchal la ordenanza supondrá a los establecimientos que cuenten con terraza la necesidad de hacer una inversión para dotarse de tarimas, barandas y mobiliario, algo que obligará a muchos de ellos a prescindir de este elemento. Además, el edil popular aseguró que la ordenanza supone una discriminación a cofradías o clubes deportivos al no contemplar que puedan desarrollar este tipo de actividad de forma puntual, lo que mermará la posibilidad de que estos colectivos obtengan una financiación extra. Los populares también denunciaron el incremento que sufren las sanciones derivadas del incumplimiento de la ordenanza, que pasan de 60 a 100 euros para las mínimas, y de 750 euros a 3.000 euros para las máximas.

En este sentido, el concejal de Hacienda, José Cantizani, contestaba a Ranchal significando que él mismo había propuesto "el paso de algunas sanciones de leves a graves" y que "no debe preocupar la sanción a quien no tenga intención de incumplir las normas".
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