sábado 21.05.2022

Un informe jurídico desaconseja identificar a los usuarios del taxi

Un informe jurídico desaconseja identificar a los usuarios del taxi
Un informe jurídico desaconseja identificar a los usuarios del taxi
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Desde el pasado viernes ha quedado sin efecto la orden de realizar la identificación previa a quienes soliciten un taxi en horario nocturno. Fuentes municipales han confirmado a LucenaHoy que el informe sobre la legalidad de esta medida solicitado desde la alcaldía a los servicios jurídicos miunicipales "desaconseja" esta práctica, instaurada tras la reunión mantenida hace unas semanas con el sector del taxi como medida provisional para regular el servicio entre tanto se elabora una nueva ordenanza municipal.

La propia María del Mar Morales trasladó la decisión de suspender este procedimiento tanto a la Policía Local como a los representantes de los taxistas.

Anoche, en una nota de prensa la sección sindical de USO en el ayuntamiento de Lucena, ya ponía de manifiesto que el alcalde, Juan Pérez, había ordenado al Jefe de la Policía Local "dejar sin efecto, hasta nueva orden, la instrucción dada por la Delegada de Seguridad Ciudadana, María del Mar Morales, a través de esa Jefatura, de identificar a los ciudadanos, en la franja horaria de 22.00 a 08.00 horas por el hecho de solicitar el servicio público de taxi".

USO señala que esta decisión tiene relación directa con la denuncia que interpuso la Federación de Empleados Públicos de la Unión Sindical Obrera en la Provincia de Córdoba en la Fiscalía Provincial de Córdoba con fecha 3 de febrero en la que se solicitaba el esclarecimiento de unos hechos "que pudieran ser constitutivos de ilícito Penal".

Según los servicios jurídicos de USO, la orden ahora suspendida por el alcalde "carecía de toda legalidad ya que iba en contra no solo de la normativa aplicable al efecto, esto es, la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, sino del mismo texto constitucional".

Fuentes de USO han señalado a LucenaHoy que solicitarán el informe jurídico que sustancia esta "marcha atrás" del equipo de gobierno. USO considera que, de la adopción de esta medida, podrían derivarse responsabilidades administrativas tanto políticas, como de la Jefatura de la Policía Local.
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