lunes 29.11.2021

9 de las 22 VPO de bancos sancionadas en Córdoba están en Lucena

9 de las 22 VPO de bancos sancionadas en Córdoba están en Lucena
9 de las 22 VPO de bancos sancionadas en Córdoba están en Lucena
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La Junta de Andalucía ha abierto expedientes sancionadores a ocho entidades financieras porque no han puesto a disposición de los registros municipales de demandantes de viviendas las VPO (viviendas de protección oficial) que tenían en sus balances, según anunció ayer la consejera de Fomento y Vivienda andaluza, Elena Cortés.
 
El no haber proporcionado esta información a los correspondientes registros municipales sobre las VPO desocupadas supone una falta muy grave, que puede acarrear sanciones que van de 30.000 a 120.000 euros.
Los expedientes sancionadores han sido abiertos en aplicación de la Ley de VPO con las modificaciones que introdujo la ley andaluza de Función Social de la Vivienda, que da un plazo a las entidades financieras para comunicar a los registros municipales el número de viviendas de protección oficial desocupadas que poseen.
 
Las entidades financieras expedientadas son Banco Popular (97 viviendas protegidas supuestamente no ofrecidas a los registros correspondientes), BBVA (27), Building Center (26), Unión de Créditos Inmobiliarios (13), Banco Santander (11), Servihabitat (6), Banco Sabadell (3) y Anida Operaciones Singulares (2).
 
En total, se trata de 185 viviendas protegidas que no han sido ofrecidas a los registros municipales, que establecen los mecanismos de selección para la adjudicación de viviendas de protección pública y señalan los requisitos socioeconómicos para el acceso a las mismas bajo principios de igualdad, publicidad y concurrencia.
 
CASI LA MITAD DE LOS CASOS DE LA PROVINCIA ESTÁN EN LUCENA
En el caso de Córdoba, suponen el 12% de toda Andalucía, de las 185 que son objeto de la sanción a ocho entidades, concretamente 22 están la provincia. De ellas, nueve –el mayor número– están Lucena, cinco en la capital, cuatro en Puente Genil, dos en Aguilar de la Frontera, una en Benamejí y otra en Baena. 
 
Según ha podido saber LucenaHoy, de los casos detectados en nuestrsa ciudad, cuatro corresponden a viviendas del Banco Popular, tres a inmuebles procedentes de desahucios realizados por el Banco de Santander y dos más a viviendas en las que figura como titular el Banco de Sabadell. Cada inmueble protegido que no haya sido ofrecido al correspondiente registro supone una infracción "muy grave". La Consejería, que a través de sus delegaciones territoriales ha detectado e informado de dichos incumplimientos, ha notificado los expedientes a las entidades con una sanción de 60.000 euros por vivienda.
 
El coordinador de IULV-CA, Antonio Maíllo, que el pasado fin de semana participó en Lucena en una manifestación contra los desahucios y en favor de unos suministros básicos de luz, agua y gas garantizados junto a los ediles de esta formación política en el consistorio lucentino, ha indicado hoy en Córdoba que está "convencido" de que si el PP llega a conocer las consecuencias de la Ley de Vivienda Protegida y la Ley de Función Social de la Vivienda de la Junta de Andalucía, tras las sanciones a bancos por sus incumplimientos en relación al registro de sus VPO, "estaría en auxilio de la banca privada".
 
En rueda de prensa, Maíllo ha manifestado que "al PP se le olvidó recurrir determinados artículos de la ley", de manera que dichos artículos "siguen en vigor y la ley está para cumplirla", de ahí que "se aplique a los bancos que no pusieron en conocimiento en el registro municipal de demandantes de vivienda sus VPO".
 
Al respecto, tras subrayar que "los bancos tiene que asumir el cumplimiento de la norma como cualquier otro", valora que la norma tiene "un componente profundamente social", dado que la vivienda "es un derecho básico, y son viviendas protegidas que tienen que estar al servicio de la gente que las demanda".
 
Por eso, desde IU apoyan la decisión de la Consejería de Fomento y Vivienda, dado que "no se puede permitir que mientras hay gente que es desahuciada, los bancos no cumplan con la norma de poner a disposición de los demandantes las viviendas a través de los registros municipales", apostilla Maíllo.
 

 

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