Martes 17.09.2019

Un año de prisión para la mujer que agredió a una trabajadora municipal de Suvilusa

Un año de prisión para la mujer que agredió a una trabajadora municipal de Suvilusa
El pasado miércoles se celebró en el Juzgado de lo Penal 5 de Córdoba el juicio por la agresión sufrida por la trabajadora social de la empresa municipal Suvilusa a manos de una usuaria en enero de 2012.
 
La vista, inicialmente prevista como juicio rápido de faltas en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Lucena, fue suspendida en su día por la petición municipal de que se incoaran diligencias previas por un presunto delito de atentado, al haberse producido la agresión a una trabajadora que desempeña una función pública, cual es, la gestión del Registro Municipal de Viviendas de promoción pública, y en las propias dependencias municipales, petición que fue admitida en apelación por la Audiencia Provincial de Córdoba.
 
El miércoles, de conformidad entre las partes, se dictó sentencia contra la agresora, a la que se condena a un año de prisión por delito de atentado y a  9 días de localización permanente y al pago pequeña indemnización a la trabajadora agredida, por un delito de lisiones, así como a una pena accesoria de seis meses de alejamiento de la víctima a un mínimo de 200 metros. La sentencia ha tenido en cuenta la atenuante de reparación parcial del daño, después de la que la agresora pagase en el acto una parte de la indemnización económica y comprometiese unos plazos para satisfacer el resto, lo que ha evitado una condena mayor.
 
Miguel Villa ha valorado muy positivamente la decisión adoptada por el Juzgado a este respecto, porque ello viene a corroborar la protección a los empleados públicos y de quienes desarrollan su actividad laboral como tales, y reconoce su labor de servicio público. Según Villa "los empleados públicos desempeñan una función pública y el ayuntamiento debe defenderlos". El edil lucentino añadió que "los trabajadores municipales cumplen con su trabajo y no son responsables de unas normas dictadas por políticos".
 
Los hechos juzgados se produjeron cuando una trabajadora social atendía a dos usuarias habituales de la empresa municipal Suvilusa, que reclamaban su derecho a ocupar una de las viviendas protegidas en la calle Córdoba y su disconformidad con la baremación de solicitudes realizada por  la empresa municipal.  En un momento de la conversación,  la mujer, de unos 30 años de edad, agarró a la empleada municipal por el pelo, propinándole un puñetazo en el rostro que incluso le rompió las gafas. Otras dos trabajadoras del centro acudieron al oir los gritos e intentaron socorrer a su compañera, con ayuda de otro usuario. La trabajadora fue atendida en el servicio de urgencias del Centro de Salud de Lucena y el ayuntamiento se personó como acusación particular.