El fenómeno de la ocupación esconde casuísticas muy diversas con un denominador común: la sensación de desprotección absoluta de los propietarios de las viviendas ocupadas.
Muchos de los más más de 5.000 inmuebles ocupados existentes en Andalucía –según informe de Grupo VPS, especializado en instalación de sistemas "antiokupas"– son propiedad de bancos o fondos de inversión, pero otros muchos tienen como titulares a particulares que, un buen día, vieron como su propiedad era enajenada por la fuerza, viéndose abocados, en bastantes casos, a una batalla judicial en la que a menudo se sienten impotentes ante la aparente pasividad del sistema judicial y la administración. En muchos casos, tras estas ocupaciones se esconden auténticas mafias, que abren los inmuebles para después ponerlos a disposición de otros por un módico precio, incluso a través de aplicaciones de venta de productos de segunda mano, sin ningún tipo de pudor.
A los problemas para los propietarios se suman los que generan estos núcleos "okupas" para la convivencia con el resto del vecindario. Esta es la situación de la calle Mediabarba de Lucena. En abril de 2018 comenzó para los vecinos un calvario que les llevó a contar con hasta tres edificios ocupados en apenas diez metros lineales de calle. Juan Guardeño es el dueño de uno de esos inmuebles, hoy recuperado y de una panadería. "Se metieron en la casa más de 40, todos rumanos", asegura Guardeño, que ha visto como uno de ellos amenazaba a su hijo con "darle un tiro con una pistola, que más tarde se comprobó que tenía bajo un colchón" o a él mismo con destrozar su negocio. Como medida de seguridad ha tapiado las ventanas traseras de su establecimiento, colindantes con el patio de una de las casas ocupadas.
De forma simultánea, otro edificio, propiedad de un banco tras los problemas financieros de la promotora, fue ocupado en su totalidad: nueve pisos. Poco a poco la entidad logró el desalojo. "El último se llevó más de 6.000 euros a cambio de marcharse", asegura una de las vecinas. Hoy el banco ha iniciado la venta de esos pisos, aunque "la fama" de esta calle lucentina, epicentro desde hace dos años del fenómeno "okupa" en Lucena, no ayuda precisamente a vender. Y es que la ocupación tiene también un efecto colateral, la devaluación de los inmuebles situados en la zona. "Este era un barrio tranquilo, estupendo, hasta que llegó esta gente y se cargó la convivencia vecinal y el valor de nuestras propiedades", asegura María Carmen Cuenca, que regenta un estanco colindante con una de las viviendas más conflictivas y asegura que ha perdido clientes "por temor a verse con los okupas".
En ese inmueble, el 110 de la calle Mediabarba, vive desde hace una vida Rafael. Tiene 84 años y el coraje de denunciar la permanente situación de acoso, amenazas e insultos a los que se ha visto sometido por los ocupantes de hasta cuatro de las cinco humildes viviendas del edificio, situadas en torno a un minúsculo patio de vecinos. "¿Qué cómo vivo? Mal, con miedo, amenazado de muerte, escondido tras la puerta de mi casa", asegura Rafael, que añade que nadie le ha ayudado. "Hasta en el juzgado se portaron mal conmigo", afirma. Allí le llevó la imposibilidad de hacer frente a una deuda de más de 600 euros con Endesa como consecuencia del enganche ilegal a su red eléctrica por parte de los "vecinos". A la entrada del edificio es perfectamente visible el peligro que suponen unos contadores manipulados por los "enganches ilegales".
Policía y técnicos de Endesa y Aguas de Lucena han acudido varias veces al edificio para contar agua y luz a los "okupas". "En menos de una hora estaban enganchados de nuevo", asegura Juan Guardeño, para quien todo ello le conlleva también perjuicios económicos para su negocio, sometido a constantes cortes de agua, y para la propiedad, en la que ya se observa un hundimiento del suelo, previsible consecuencia de las perdidas de agua en el subsuelo. Urbanismo iniciará la semana próxima varias visitas a inmuebles ocupados. En uno de ellos, en la calle Huertas, se han detectado pérdidas de hasta 2.800 metros cúbicos por semestre en un edificio ocupado, que podría ser declarado en ruina.
Pero lo peor es la sensación permanente de inseguridad. Desde que comenzó la ocupación de viviendas, la calle Mediabarba se ha convertido en escenario de trifulcas y operativos policiales. Según Juan Guardeño "por mucho que se cuente, es peor vivirlo, esto se han convertido en el escenario de una de esas películas sobre el Bronx". Mari Carmen asiente y cuenta que en los dos últimos años han vivido "amenazas al vecindario, trifulcas entre ellos mismos, juergas inacabables y agresiones con arma blanca". A ello hay que sumar varios operativos para detener a miembros de algunas de las familias ocupas reclamados por su participación en distintos delitos.
Hastiados de esta situación, convencidos tras dos años de lucha de que la ley desprotege a los propietarios y no atiende las necesidades de los vecinos, la semana pasada el enésimo altercado pudo acabar en un problema más serio cuando varios vecinos impidieron el intento de una familia de entrar ilegalmente en una vivienda que unos días antes había dejado otra familia "ocupa". Ante el cariz que tomaba el enfrentamiento, media docena de vehículos policiales y numerosos efectivos tomaron la calle para calmar los ánimos y devolver al vecindario un sosiego del que carecen desde que comenzó esta historia interminable, en la que se sienten abandonados por todos. Y lo peor es que no son los únicos y el fenómeno ocupa se extiende por otros muchos puntos de la ciudad, como lo demuestran la media docena de intervenciones de fuerzas de seguridad que en los últimos tres meses han evitado que se consumen otras tantas entradas en ilegales en pisos.
