domingo 23.01.2022

Lucena absorberá a otros cinco partidos judiciales cercanos

Lucena absorberá a otros cinco partidos judiciales cercanos
Lucena absorberá a otros cinco partidos judiciales cercanos
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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el pasado jueves la reorganización de los 12 partidos judiciales que tiene en la actualidad Córdoba, que pasarían a tres. La propuesta supone agrupar en una primera demarcación los partidos de Córdoba, de Montoro, de Posadas y de Baena –con un total de 24 juzgados– que atendería a una población global de 486.544 personas.

La segunda demarcación más importante de la provincia sería la de Lucena, que aglutinaría junto a los tres juzgados de primera instancia de nuestra localidad, a los de los partidos judiciales de Cabra, Priego de Córdoba, Puente Genil, Montilla y Aguilar de Frontera, atendiendo a 238.168 personas. El tercer partido judicial sería el de Pozoblanco, que integraría a Peñarroya-Pueblonuevo, prestando servicio a 80.396 personas.

El nuevo documento de trabajo se trasladará a las Salas de Gobierno de los tribunales superiores de justicia, que tendrán tres meses para presentar sus "sugerencias y aportaciones". Tras las aportaciones que puedan hacer los distintos órganos de gobierno del poder judicial, el documento será remitido al Ministerio de Justicia, que es el competente para producir a la reorganización del mapa judicial español.
Según el CGPJ, los principios y criterios para el diseño del nuevo mapa de partidos judiciales, "se basan en la concentración de recursos, la racionalización del trabajo, la especialización como presupuesto inicial para una Justicia de calidad, la colegiación de asuntos y la apuesta por una justicia titular y profesional".
 
Alcaldes como el de Cabra, Fernando Priego, han mostrado su rechazo a esta medida,  señalando que no descarta empender acciones contra la decisión del CGPJ si esta va en contra de los derechos de los egabrenses. También los sindicatos también han mostrado su descontento, ya que según SPJ USO, CSIF y STAJ, la nueva demarcación supondrá "una disminución sustancial de la calidad del servicio", así como "un aumento de los costes para el ciudadano".
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