Mientras que otras provincias andaluzas celebran una cierta evolución positiva en las listas de espera quirúrgicas, Córdoba se hunde en una realidad preocupante. Los últimos datos publicados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), correspondientes al corte de junio de 2025, revelan que la provincia ha incrementado significativamente su número de pacientes pendientes de intervención, especialmente en el Área Sanitaria Sur, cuyo centro de referencia es el Hospital Infanta Margarita de Cabra.
Según el comunicado oficial del SAS, en el primer semestre de 2025 se realizaron 223.074 intervenciones quirúrgicas en Andalucía, logrando reducir en 20.319 el número de pacientes pendientes con garantía. Sin embargo, la nota de prensa omite cualquier mención a Córdoba, una ausencia que para los sindicatos sanitarios no es casual, sino una muestra clara del fracaso en la gestión sanitaria de la provincia.
Frente a los avances señalados en provincias como Sevilla, Cádiz o Almería, Córdoba registra un aumento neto de 1.814 pacientes más en espera quirúrgica respecto a diciembre de 2024, alcanzando un total de 23.578 personas. Si se incluyen las consultas externas y pruebas diagnósticas, la cifra se dispara hasta 82.730 personas, según los datos aportados por CCOO.
El Infanta Margarita: quirófanos al límite y demoras crecientes
El Hospital Infanta Margarita de Cabra, que da cobertura sanitaria al sur de la provincia, refleja de forma clara el deterioro asistencial. Actualmente, 3.756 personas se encuentran a la espera de una intervención quirúrgica, 666 de ellas fuera del plazo máximo garantizado, lo que supone un incremento de 458 pacientes en solo seis meses.
Aunque la demora media ha bajado levemente a 132 días (nueve días menos que en diciembre de 2024), sindicatos como SATSE alertan de que esta mejora no responde a una mayor eficiencia, sino a criterios de gestión discutibles y a un progresivo trasvase de pacientes a la sanidad privada.
Además, la situación en consultas externas es igualmente alarmante: 34.174 personas están a la espera de una cita con el especialista en este centro, siendo Oftalmología la especialidad más saturada con 7.080 pacientes.
Los sindicatos alzan la voz y piden "una gestión ineficaz y opaca"
Tanto SATSE como CCOO coinciden en que la situación en Córdoba evidencia una falta grave de recursos humanos y estructurales, sumada a una gestión deficiente que no está dando respuesta a las necesidades sanitarias de la población.
SATSE denuncia que el bajo rendimiento quirúrgico se debe, en parte, al cierre parcial o total de quirófanos, tanto en el Reina Sofía como en los hospitales comarcales, lo que genera cuellos de botella en la actividad asistencial. También apunta al cierre efectivo de centros como el Hospital de Palma del Río, lo que agrava aún más la presión sobre los hospitales activos.
Desde CCOO, el secretario general José Damas ha calificado los datos de “inaceptables y vergonzosos”, denunciando que, pese a las altas cifras de espera, el SAS mantiene el cierre de camas en periodos vacacionales, infrautiliza centros como Los Morales y continúa incrementando el presupuesto destinado a conciertos con la sanidad privada, que no ha demostrado eficacia en la reducción de listas de espera.
Externalización y fuga de talento: una combinación letal
La apuesta creciente por la sanidad concertada —533 millones de euros en el último presupuesto— ha generado duras críticas. Según los sindicatos, estos fondos se destinan mayoritariamente a patologías menos complejas, dejando sin resolver los casos más urgentes y complicados, que saturan los hospitales públicos.
A ello se suma la fuga de profesionales sanitarios. CCOO insiste en que Andalucía, y en particular Córdoba, no puede seguir siendo “el vagón de cola del Estado en precariedad salarial”, lo que está provocando la marcha de médicos y enfermeros formados en el sistema público hacia comunidades o países que ofrecen mejores condiciones.
Según los sindicatos, la situación actual en Córdoba —con listas de espera disparadas, personal sobrecargado y escasa inversión estructural— pone en entredicho la sostenibilidad del modelo público andaluz. “No se puede permitir que la ciudadanía se vea obligada a pagar un seguro privado por no encontrar respuesta en la sanidad pública”.
Todas las voces críticas consideran urgente un plan de choque desde la gestión pública, que priorice el refuerzo de personal, la recuperación de camas y quirófanos cerrados, y una planificación sanitaria coherente con las necesidades de una población cada vez más envejecida y con mayor demanda asistencial.
