Piden hasta tres años y medio de cárcel para dos cazadores que son juzgados este viernes por maltratar a 29 perros de caza en una finca de Cabra

22 de Septiembre de 2022
Uno de los animales rescatados en la finca de Cabra

Dos cazadores, acusados de "maltratar y mantener a 29 perros de caza en condiciones de extrema insalubridad y sin la atención veterinaria necesaria" en una finca de la localidad vecina de Cabra, de los cuales dos murieron, serán juzgados este viernes en el Juzgado de lo Penal número 5 de Córdoba, y se enfrentan a penas de prisión de entre 18 meses y tres años y medio, que piden para ellos la Fiscalía y la acusación particular, respectivamente.

Según ha informado en una nota la Asociación Protectora de Animales Galgos del Sur, que está personada como acusación, "los perros eran en su mayoría galgos y podencos utilizados para la caza y 24 de ellos fueron inmediatamente decomisados por las autoridades", si bien Galgos del Sur "se hizo cargo de 21 de los perros", mientras que los tres restantes se responsabilizó la Protectora Acógenos.

Los hechos se remontan al pasado 30 de octubre de 2020, cuando, tras recibir un aviso por parte de la organización SOS Ayuda Animal, Galgos del Sur se personó en la finca para realizar una primera inspección ocular y lo que encontraron allí fue "un escenario espantoso".

Casi una treintena de perros, entre galgos, podencos y alguna otra raza utilizada para la caza, "malvivían en condiciones terribles, atados con cadenas a olivos, desnutridos, con extrema delgadez y sin agua ni comida. Otros estaban encerrados en un recinto rodeados de restos cadavéricos de animales, heces, orines y grandes cantidades de basura, con un hedor insoportable". En el lugar aparecieron también "multitud de restos de animales muertos, tales como cráneos, huesos, pellejos e incluso el cadáver en descomposición de un perro".

ESTADO DE SALUD

Según la revisión veterinaria a la que fueron sometidos tras su rescate, el estado de salud de los canes era "penoso". Los perros estaban "desnutridos, deshidratados y presentaban diferentes patologías de diversa gravedad".

Así, "muchos de los perros padecían un estado de caquexia (delgadez y desnutrición extrema) y sufrían fracturas, heridas abiertas infectadas y lesiones cutáneas compatibles con enfermedades parasitarias crónicas, así como dermatitis, piodermas, fiebre y palidez de mucosas".

Tal era su mal estado de salud, que tres de ellos tuvieron que ser directamente ingresados de urgencia en estado muy grave en el Hospital Veterinario de Córdoba, "para intentar salvarles la vida, pero uno terminó falleciendo".

Ante un caso de "maltrato animal de tal calibre", Galgos del Sur lo puso inmediatamente en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, personándose en el lugar tanto la Policía Local de Cabra como la Guardia Civil.

Tras comprobar lo que estaban sufriendo allí estos perros, "las autoridades abrieron una investigación e iniciaron diligencias contra los responsables de la finca, por un presunto delito de maltrato animal, que desembocaron en el juicio que se celebrará este viernes 23 de septiembre".

PENAS DE PRISIÓN

Para los dos hombres acusados se solicitan por Galgos del Sur que se les condene a tres años y medio de prisión y a ocho años de inhabilitación para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, y para le tenencia de animales, por los delitos de maltrato animal con resultado de muerte, así como 44 años de inhabilitación por los delitos de maltrato animal con lesiones.

Igualmente se les reclaman los gastos veterinarios en los que ha tenido que incurrir Galgos del Sur, por hacerse cargo de los animales decomisados, y al pago de una indemnización de 1.500 euros por parte de cada uno de los acusados, en concepto de daños morales. Por su parte, la Fiscalía solicita que a los acusados se les imponta una pena de 18 meses de prisión y cuatro años de inhabilitación.

A este respecto, la abogada de Galgos del Sur, Dulce Aguilera, del despacho Justicia-Animales y Medio Ambiente, ha explicado que por parte de la protectora se acusa "por delitos independientes, teniendo en consideración la condición de seres sintientes de cada uno de los animales maltratados, mientras que la fiscal acusa por un delito continuado de maltrato animal".

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