La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López Losilla, ha mantenido esta mañana una reunión en Lucena con representantes de la cooperativa olivarera de Lucena y la cooperativa Nuestra Señora de Araceli para abordar el apoyo al sector agrícola tras los daños ocasionados por las tormentas de finales de enero y febrero.
El encuentro, calificado por Antonio Aguilera, presidente de la cooperativa Virgen de Araceli, como “muy productivo”, sirvió para tratar distintos temas que afectan a los agricultores de la zona, desde los robos y la venta del aceite hasta la problemática del agua y los fraudes. Sin embargo, el eje central de la reunión fue la explicación del Real Decreto Ley 5-26 de 17 de febrero, que contempla un paquete de ayudas económicas para los agricultores y ganaderos afectados por los temporales, con el objetivo de que puedan mantener sus ingresos y seguir desarrollando su actividad económica.
La subdelegada destacó que se ha previsto una ayuda directa de entre 5.000 y 25.000 euros para todos los agricultores y ganaderos que estuvieran registrados en 2024 dentro del Registro Agrícola y Ganadero de la provincia, sin necesidad de que tengan que solicitarla, de manera que el dinero llegue directamente a sus cuentas. Además, se ofrecerá apoyo para aquellos agricultores cuyos seguros agrarios no cubran la totalidad de las pérdidas, y se avalarán al 100% los préstamos que necesiten, con un 15% del coste asumido por el Ministerio. López Losilla también subrayó la histórica reducción de las peonadas agrarias, que pasarán de 35 a 5, y la inversión de 600 millones de euros para la reparación de caminos rurales de uso público en toda Andalucía, trabajos que serán gestionados por Tragsa para acelerar su ejecución.
Según explicó Aguilera, las tormentas provocaron pérdidas estimadas de entre el 20 y el 25% de las cosechas, lo que hace aún más urgente la llegada rápida de estas ayudas. La subdelegada señaló que se constituirá una comisión para determinar los caminos rurales prioritarios a reparar en Lucena y otras localidades, y aunque aún no se ha cuantificado la inversión específica para la ciudad, se garantizará que la partida general disponible cubra las necesidades de la provincia. Además, se continuará trabajando en ayudas complementarias, incluyendo el apoyo a las comunidades de regantes y a las infraestructuras de riego.
Al respecto del presupuesto de 600 millones destinado a la reparación de caminos rurales de uso público, la subdelegada señaló que este fondo todavía "no está provincializado", por lo que aún se está estudiando qué cuantías irán a cada municipio tras su estudio junto a los diferentes ayuntamientos. “Estamos trabajando con máxima rapidez para dar solución inmediata a los agricultores y ganaderos, que constituyen la primera industria de nuestra provincia”, concluyó López Losilla, destacando la importancia de estas medidas para garantizar la continuidad de la actividad agrícola en la zona.
